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EE. UU. exige nuevo registro a migrantes a partir del 11 de abril

Las sanciones por incumplimiento van desde multas hasta posibles penas de cárcel.

A partir del 11 de abril de 2025, el Gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo mecanismo de control migratorio que obligará a ciertos extranjeros a registrarse formalmente ante las autoridades del país. La medida, impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), busca fortalecer el seguimiento de la población migrante y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias.

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Este nuevo requisito contempla la presentación del formulario G-325R, que permitirá a las autoridades recopilar información biográfica y tomar datos biométricos, como las huellas dactilares, de quienes permanezcan en el país por más de 30 días. Aunque este proceso no implica la obtención de un estatus legal, tampoco concede beneficios migratorios ni autorización para trabajar.

¿Quiénes deben cumplir con la medida?

El registro será obligatorio para extranjeros mayores de 14 años que no hayan sido registrados al momento de solicitar su visa o al ingresar al país. También deberán cumplir con el trámite los menores de 14 años, cuyos padres o tutores deberán gestionar el proceso antes de que se cumplan los 30 días de su permanencia en EE. UU. Además, los migrantes que cumplan 14 años durante su estadía deberán inscribirse dentro del mes siguiente a su cumpleaños.

Para completar el registro, los solicitantes deberán crear una cuenta en línea en el portal del USCIS, llenar el formulario con datos personales y de residencia, y someterse, si se requiere, a una cita presencial en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC).

Tras completar el procedimiento, los migrantes recibirán un comprobante que deberán portar consigo. Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de esta obligación puede conllevar consecuencias legales, incluyendo: Sanciones civiles, multas, procesos penales por delitos menores e incluso penas de prisión.

Este nuevo paso en la política migratoria estadounidense ha sido recibido con preocupación por algunas organizaciones defensoras de derechos humanos. Pues advierten sobre los posibles impactos en comunidades vulnerables y llaman a garantizar un proceso accesible y justo para quienes se vean obligados a cumplir con este nuevo requerimiento.

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