El primer diagnóstico oficial sobre la salud del Chapo Guzmán fue emitido en septiembre de 2016, donde se elaboró tras una evaluación clínica en el penal federal de Ciudad Juárez. Guzmán, con 59 años, ya mostraba indicios alarmantes. El informe, firmado por el perito Julio César Ayuzo, detallaba a un hombre desorientado, con escaso contacto visual y voz apenas audible. Aseguró vivir un “infierno”. Dijo que no lo golpeaban, pero prefería eso a la privación de sueño. La vigilancia era permanente. Incluso al ir al baño, un custodio lo seguía.
Los médicos aplicaron la prueba MINI y detectaron deterioro cognitivo leve. También presentaba nistagmo, alucinaciones auditivas, presión baja y dolores persistentes. Se sumaban antecedentes como hipertrigliceridemia y una hernia operada años antes. Durante su paso por Altiplano, estuvo completamente aislado y sin contacto con otros presos. Con luces prendidas día y noche. Solo al ser trasladado a Chihuahua se le permitió dormir más horas y usar un antifaz.
El encierro extremo
En 2017 el Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos, donde su nuevo destino era la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Desde entonces, su salud ha seguido deteriorándose. Informes recientes de su familia y defensa legal señalan que padece hipertensión, ansiedad severa, trastornos del sueño, calambres musculares y depresión. Toma Lisinopril para controlar su presión arterial. También medicamentos para la ansiedad.
Su celda mide menos de cuatro metros cuadrados y solo puede salir una hora al día. Camina solo en una jaula metálica sin contacto humano. No recibe visitas salvo su abogada. Según ella, “vive una rutina aburrida, solitaria y triste”. Guzmán asegura que el trato es “cruel e injusto”. Se queja de comida escasa, sufrió hongos en los pies que le hicieron perder las uñas. El aislamiento absoluto ha generado arritmias nocturnas, según su defensa.
Desde 2023, su defensa ha insistido en la repatriación. Argumentan que el Tratado de 1977 entre México y EE. UU. permite ese traslado. También apelan a la Constitución y a la Ley Nacional de Ejecución Penal. En marzo de 2025, un juzgado federal admitió a trámite un amparo contra la negativa del Gobierno mexicano. Sin embargo, no otorgó suspensión. Por ahora, el Estado no tiene obligación de intervenir. La batalla legal sigue, pero para Guzmán, cada día en ADX Florence parece avanzar con el peso de una condena que no solo es perpetua, sino profundamente inhumana.
