En pleno 2025, ser homosexual sigue siendo un delito en 65 países del mundo. Así lo alerta el último informe de Human Dignity Trust, que documenta las formas en que las leyes penales afectan la vida de millones de personas LGBTIQ+. Las sanciones van desde multas y penas de prisión hasta la pena de muerte en al menos 12 Estados. Entre ellos figuran Irán, Arabia Saudita y Yemen, donde la homosexualidad se castiga con ejecuciones públicas. El dato revela una realidad alarmante y es que la orientación sexual aún puede costar la libertad o la vida.
Según análisis de Human Rights Watch y las Naciones Unidas, muchas de estas normativas tienen raíces coloniales o se sustentan en interpretaciones religiosas extremas. Aunque varios países han reformado sus marcos legales en las últimas décadas, otros han reforzado la penalización con leyes más estrictas o con prácticas institucionales que perpetúan la violencia. En muchos contextos, el simple hecho de mostrarse afecto en público puede derivar en hostigamiento policial, extorsión o linchamientos sociales. La criminalización no solo legaliza el prejuicio, sino que lo convierte en una política de Estado.
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África y Medio Oriente: epicentros de represión legal
De acuerdo con el informe global de ILGA World, África y Medio Oriente concentran la mayor parte de países que aún castigan penalmente la homosexualidad. Las leyes en Uganda, Nigeria o Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, prevén cadenas perpetuas o castigos físicos. En América Latina, aunque el panorama es más esperanzador, persisten restricciones legales en Guyana y en algunas islas del Caribe anglófono, donde todavía rigen códigos heredados del imperio británico.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU advierte que estas leyes van más allá del castigo formal. La criminalización impide que las personas LGBTIQ+ accedan a servicios básicos como salud, educación o justicia. También refuerza los estigmas sociales, fomenta la violencia estructural y empuja a muchas personas al silencio o al exilio.
En respuesta, diversas instituciones internacionales y gobiernos han asumido compromisos para revisar marcos legales. Entre las recomendaciones clave están la derogación de leyes discriminatorias, el desarrollo de políticas inclusivas y la adaptación de estrategias a contextos locales.
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La cooperación entre Estados, organismos multilaterales y sociedad civil resulta fundamental. Promover el intercambio de buenas prácticas, monitorear avances y garantizar entornos seguros son pasos urgentes hacia la igualdad real. Mientras las leyes sigan castigando el amor, la lucha por los derechos humanos no puede detenerse.
