Un nuevo cobro fue aprobado recientemente en Estados Unidos y afectará a millones de personas que planean viajar a ese país en calidad de turistas, estudiantes o trabajadores temporales. La medida fue incluida en la más reciente ley presupuestal del Congreso, impulsada por el presidente Donald Trump, y contempla la creación de una tarifa adicional para las visas de no inmigrante. El cobro extra, bautizado como Visa Integrity Fee, tendrá un valor de 250 dólares y se aplicará a partir del año 2026. No reemplaza el valor actual del trámite, sino que se suma al precio de 185 dólares que hoy tiene la visa B1-B2. En total, solicitar ese documento pasará a costar 435 dólares.
Este cambio hace parte de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, una ambiciosa reforma que incluye ajustes en múltiples sectores, pero que en temas migratorios busca establecer mayores controles a quienes ingresan a Estados Unidos de forma temporal. El nuevo cobro se aplicará a personas que soliciten visas para turismo, negocios, estudio, intercambio cultural o trabajo especializado, en categorías como F, M, J, H-1B, L, O, P y R.
Así se aplicará el cobro y quiénes deben pagarlo
A diferencia de un impuesto tradicional, esta nueva tarifa no es definitiva. Funcionará como un depósito reembolsable, siempre y cuando el solicitante cumpla ciertas condiciones una vez ingrese a territorio estadounidense. El objetivo, según el texto aprobado, es fomentar el respeto por las reglas de inmigración y reducir el número de personas que se quedan más tiempo del permitido.
Para recuperar los 250 dólares, el viajero deberá demostrar que cumplió tres compromisos básicos: primero, no exceder la estadía autorizada por su visa. Segundo, no trabajar sin autorización legal en ningún momento de su visita. Y tercero, abandonar el país dentro de los cinco días posteriores al vencimiento de su visa, o bien modificar su estatus migratorio siguiendo los canales legales.
Si alguna de esas condiciones se incumple, el solicitante perderá el derecho a que le devuelvan el dinero. En ese caso, los fondos serán transferidos directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin posibilidad de apelación. Este nuevo modelo funcionará, en palabras del gobierno, como un “incentivo financiero” para que los extranjeros cumplan las normas migratorias al pie de la letra.
Diplomáticos y países exentos no pagarán
Aunque la tarifa será obligatoria para la mayoría de personas que pidan una visa de no inmigrante, no todos deberán asumir este nuevo gasto. Los diplomáticos extranjeros y los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program) quedarán exentos.
Eso significa que, por ejemplo, quienes tengan pasaporte de países como Alemania, Japón o Australia, que no necesitan visa para estadías cortas, no deberán pagar ni la tarifa actual ni la nueva. En cambio, la medida sí afectará de manera directa a personas de países como Colombia, México, Perú, Argentina o República Dominicana, donde las solicitudes de visa B1-B2 son comunes.
Aunque la ley entra en vigor hasta 2026, ya ha generado reacciones divididas. Para algunos sectores, se trata de una estrategia eficiente para frenar los abusos migratorios. Para otros, en cambio, esta decisión representa una barrera adicional, especialmente para ciudadanos de países con economías más frágiles, donde costear una visa ya es un gasto significativo.
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En cualquier caso, la administración Trump parece estar enviando un mensaje y es que quienes quieran ingresar a Estados Unidos deberán respetar las condiciones impuestas… o pagar por no hacerlo.
