La intimidación contra la población civil campesina en el municipio de Tierralta, Córdoba, presuntamente llevada a cabo por soldados del Ejército Nacional, ha generado un nuevo punto de discordia entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.
Después de que estos incidentes salieran a la luz, el Comando de la Comisión Séptima del Ejército Nacional emitió un comunicado identificando a los uniformados involucrados como soldados del Batallón de Infantería N.33 ‘Batalla de Junín’, pertenecientes a la Decimoprimera Brigada del Ejército Nacional. Los militares enfrentan acusaciones de intimidación hacia campesinos, incluyendo mujeres y niños, en la vereda Bocas del Manso en Tierralta, Córdoba.
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En respuesta, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación y señaló que “retornar al paramilitarismo y a la apropiación ilegal de tierras sería un grave error para la fuerza pública”. Además, insistió en que el ejército debe llevar a cabo una investigación pública en colaboración con el gobierno.
Sin embargo, la declaración que provocó la respuesta del fiscal general Francisco Barbosa fue cuando Petro afirmó que “es el mismo Ejército el que debe presentar públicamente, junto con el gobierno, su propia investigación en estos hechos”. Barbosa le respondió que “las funciones de investigación en este país no recaen en su responsabilidad, sino en la Fiscalía General de la Nación”.
El fiscal destacó que, de acuerdo con las facultades constitucionales, no corresponde al ejecutivo colombiano realizar investigaciones judiciales de ningún tipo. Además, enfatizó que no permitirá que la jurisdicción penal militar interfiera en una investigación relacionada con los derechos humanos de las comunidades rurales en el país.
