El general retirado Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional, aceptó su responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos‘ ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, negó haber ordenado directamente la muerte de personas inocentes. Durante una audiencia en la que estuvieron presentes las familias de las víctimas, Torres Escalante admitió que los crímenes ocurrieron debido a la presión que ejerció sobre sus subalternos. Reconoció que priorizó las muertes en combate sobre las capturas y que buscó resultados operacionales a toda costa, sin considerar el aspecto humano de las víctimas.
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Según la JEP, las acciones de Torres Escalante llevaron a la muerte ilegítima de 196 personas en 141 eventos de resultados operacionales. Entre las víctimas se encontraban personas de diferentes edades y condiciones. El excomandante también admitió haber entregado 45 millones de pesos a un teniente subalterno para influir en sus declaraciones ante la justicia durante las investigaciones en su contra.
Torres Escalante declaró: “Asumo la responsabilidad por todos los señalamientos y delitos que se cometieron bajo mi mando debido a mis exigencias constantes”.
En cuanto a las presiones que recibió desde altos mandos, mencionó que el general Mario Montoya priorizaba los resultados y las bajas en combate. Esto habría influido en la obtención de objetivos operacionales a costa de la vida de personas inocentes. También responsabilizó a las autoridades civiles de la época, mencionando la influencia del Ministerio de Defensa y la política de ‘Seguridad Democrática’ del presidente Álvaro Uribe en los asesinatos extrajudiciales.
Además, Torres Escalante reconoció que durante su mandato se usó lenguaje poco claro al dar órdenes, lo que condujo a la muerte de personas inocentes. Afirmó que su actitud irresponsable y su uso de frases ambiguas contribuyeron a que los controles durante y después de las operaciones fueran insuficientes y mecánicos.
