Siete meses han pasado desde que Dilian Francisca Toro volvió a tomar el timón de la gobernación en el Valle del Cauca, una región marcada por la violencia. Los grupos armados se han extendido por municipios del pacífico, nacen nuevas bandas del crimen organizado y las rentas ilegales desbordan. Por esto, reforzar la seguridad es la principal promesa a cumplir de la gobernadora, especialmente en los municipios de Jamundí, Buenaventura y Cartago, donde las cifras muestran un incremento exponencial de la violencia.
Y tras el cuatrienio de su heredera, Clara Luz Roldán, que terminó con un aumento en las cifras de delitos cometidos en el departamento de la región pacífica. Ahora Dilian debe enfrentar las consecuencias de su hegemonía de ocho años, que podría desgastarse y cobrarle factura en los próximos años.
Para conocer los cambios en seguridad durante los primeros 180 días de la baronesa del Valle, CW+ comparó las cifras de homicidios, hurtos, masacres y extorsiones del primer semestre del 2024 con esta misma fecha en el 2023. Esto para determinar si han existido cambios en la administración actual o si con Dilian se mantienen los patrones de violencia de su predecesora.
Los homicidios no paran en la nueva era Dilian
El Valle del Cauca lleva varios años siendo el departamento más violento del país, y su índice de homicidios lo demuestra. Durante el primer semestre del 2023, hubo 1120 homicidios. Según cifras de la Policía Nacional consultadas por CW+, esta cifra es 300 homicidios más que Antioquia, que ese año tuvo 812. Durante los últimos meses de Clara Luz Roldán, los cinco municipios con mayor número de muertes fueron Cali (508 homicidios), Buenaventura (60), Cartago (59), Jamundí (57), Palmira (54) y Tuluá (52).
Estas cifras no cambiaron en 2024, el Valle del Cauca continúa figurando como el departamento más violento del país con 1124 asesinatos en los primeros seis meses del año. Además, con excepción de la reducción de crímenes en Cali (426 homicidios) y los municipios como Palmira (54) y Tuluá (52) que se mantuvieron igual, las municipalidades que encabezaron la lista el año pasado también aumentaron sus decesos en este nuevo semestre. En Buenaventura, los homicidios incrementaron a 80, mientras que en Cartago y Jamundí llegaron a 63.
Las declaraciones de la gobernadora Dilian, frente a estos baches en sus promesas de mayor autoridad, parecen haberse esfumado en el aire, en un contexto violencia que no para. “Ahora que estoy acá, me doy cuenta de que era más grave de lo que pensaba cuando estaba afuera”, le dijo al medio digital La Silla Vacía en mayo de este año, refiriéndose a los desafíos en seguridad.
Para el diputado, Rafael Rodríguez, del Centro Democrático, se han hecho esfuerzos para disminuir los índices de inseguridad con las herramientas que se tienen.
“La problemática que tenemos en el Valle del Cauca es atípica a nivel nacional, porque aquí se conjuga todo, aquí se conjugan más de 16 grupos grandes armados ilegales que están sembrando terror en diferentes puntos, un problema de pie de fuerza y ser uno de los departamentos en Colombia donde más coca hay”.
Agregó el diputado Rodríguez.
Las masacres se reducen a nivel nacional, pero se mantienen en el Valle
Las masacres, entendidas como homicidios intencionales y simultáneos de tres o más personas en estado de indefensión en iguales circunstancias de tiempo, a nivel nacional pasaron de 49 en el primer semestre del 2023 a 37 en el mismo periodo del 2024. Aun así, mantienen un patrón similar en el Valle del Cauca.
Número de masacres a nivel nacional (Enero-Junio)
Según el informe de Indepaz, el Valle del Cauca pasó de tener el 14.29% de las masacres en el país en el primer semestre del 2023 al 18.92% durante el mismo periodo del 2024.
Porcentaje de las masacres ocurridas en el Valle del Cauca (Enero-Junio)
Durante los primeros seis meses del 2023 se registraron 49 masacres en el país, siete de estas ocurrieron en el Valle del Cauca, lo que representa el 14.29% de estos crímenes. Los municipios afectados fueron La Unión, El Cerrito, Cartago, Jamundí, Ansermanuevo, Buenaventura y Cali.
Los homicidios colectivos se redujeron a 37 a nivel nacional en lo que va del 2024, pero en el Valle esta cifra se mantuvo en siete, lo que significa que el 18.92% de las masacres del país suceden en esta región. Los municipios donde ocurrieron estos hechos fueron Toro, Candelaria, Ansermanuevo, Cartago y Florida.
De acuerdo con la Organización In Sight Crime, el aumento de las masacres se debe a la escalada de violencia entre pandillas en la región. En Toro, norte del Valle del Cauca, personas armadas asesinaron a cinco personas a principios de abril. Estos hechos habrían ocurrido durante los enfrentamientos entre las pandillas Nueva Generación y Los Flacos.
La violencia política revive temores de hace dos décadas
La violencia política en el departamento se encuentra en un momento crítico que recuerda la violencia de los 2000. Son tres los concejales asesinados en este primer semestre del año. El primero fue el concejal de Tuluá, Eliecid Ávila, durante la noche de año nuevo; en este mismo municipio, también fue asesinado el concejal Carlos Londoño el 20 de abril y la última víctima fue el concejal Jhon Fredy Gil, en Jamundí, a quien le arrebataron la vida cinco días después.
Asimismo, tres alcaldes han sido amenazados en municipios como Tulúa, donde Gustavo Adolfo Vélez está en la mira de bandas criminales como “La Inmaculada” por enfrentarlas. También han sido intimados el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita donde dominan las bandas criminales de “Los Flacos” y “Nueva generación”; también fue amenazada Karol Villarejo, alcaldesa de Dagua, por las disidencias de las FARC.
Se presentaron seis secuestros en los primeros seis meses del 2024, en los municipios de Cali, Palmira, Jamundí, Tuluá, Buga y Restrepo. Lo que representa una reducción del 74%, frente al mismo periodo en el 2023 se presentaron 23 casos.
En el mes de abril, los informes de inteligencia militar le advirtieron a la policía del Valle, de un posible secuestro a los diputados del departamento por parte de una de la facción “Bloque Occidental” de la disidencia de las FARC, Estado Mayor Central (EMC). Frente a esto, la gobernadora dijo en Blu Radio que “se tomaron medidas para impedir este hecho”.
Dilian anuncia compra de inhibidores de drones.
La situación evoca fantasmas del pasado de la corporación. En abril de 2002, doce diputados fueron secuestrados en Cali por guerrilleros de las FARC-EP que se hicieron pasar por miembros del ejército colombiano y tomaron por sorpresa el edificio de la Asamblea Departamental. Estos hechos ocurrieron en un intento de presionar al gobierno de Andrés Pastrana para negociar un intercambio entre los políticos secuestrados y guerrilleros presos.
Extorsiones en aumento a pesar de mayor presencia policial
En los últimos años de Clara Luz, delitos como el secuestro, las extorsiones y el hurto crecieron desmesuradamente, dejando al departamento plagado por la violencia. Ahora Dilian intenta controlar estos delitos con acciones como aumentar el pie de fuerza del departamento, que se ha visto con la llegada de 700 policías en mayo de este año.
El 7 de mayo llegaron 287 nuevos auxiliares de policía a Santiago de Cali.
Para el diputado del Pacto Histórico, Héctor Osorio, “la seguridad no solo es llenar de policías todos los municipios del Valle del Cauca. Debemos tener un cuerpo de inteligencia, no solamente ver al policía en la esquina como simplemente un cuidador. Darle oportunidades a las comunidades, llegar a las Juntas de Acción Comunal, donde se conocen las problemáticas de inseguridad, para ser más asertivos con el manejo de la policía.”
Los reportes de extorsión son los más alarmantes, pues ascendieron en un 21.62% durante el primer semestre del 2024, con 495 casos, frente a los 407 que se reportaron en el mismo periodo del 2023. Los municipios donde más se presentaron casos fueron Cali (136), Tuluá (64), Palmira (33) y Jamundí (30).
“Los criminales se han dedicado a hacer llamadas desde los centros carcelarios, a presionar a los empresarios, intimidarlas personas que tienen negocios pequeños, haciéndose pasar como cualquier grupo al margen de la ley. Y mucha gente no denuncia por el miedo, entonces les queda más fácil a ellos poder hacer sus fechorías. En lugares como Jamundí la gente por las extorsiones cierra sus negocios y se va sin denunciar.”
Le mencionó el diputado Osorio a CW+.
También se observa una disminución en ciertos delitos bajo la nueva administración. 14,512 son los casos reportados de hurtos a personas en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2024, entre los que se encuentran 10,975 víctimas en Cali, 1,097 en Palmira y 315 en Jamundí. Esta cifra representa una reducción del 13.51% en comparación con los 16,779 casos reportados en el mismo período del 2023, cuando en la capital del Valle se registraban 2,000 hurtos al mes.
La puja entre Dilian y Petro por la seguridad del Valle
La mesa de paz urbana instalada en Buenaventura para negociar con los “Shottas” y “Espartanos” se rompió el marzo pasado.
Desde el mes de mayo, las visiones de seguridad de la gobernadora Toro y el presidente Petro han entrado en conflicto, tras los incrementos en los índices de inseguridad del Valle.
Los primeros dos años de Petro, se centraron en intentar construir acuerdos de paz locales a partir de la paz total con grupos armados como el ELN, disidencias de las Farc, las bandas criminales de Buenaventura como Los Shottas y los Espartanos. Con estrategias como el cese al fuego inestables y que no muestran resultados concretos.
Las acciones del gobierno nacional también han sido criticadas por no ser suficientes para atacar la criminalidad en el Valle. Estas políticas de seguridad han permitido que crezcan estos grupos criminales al no haber una ofensiva clara, lo que ha llevado a la creación de nuevas bandas criminales como La Inmaculada y Nueva Generación, o se compongan alianzas entre ambos, como la alianza entre Los Flacos y las disidencias en el Norte del Valle.
“El Valle requiere una política de seguridad especial, diferente a la fallida paz total. El Ministro de Justicia no debe visitar a los cabecillas de La Inmaculada, porque siguen delinquiendo. La [disidencia de la Farc] Jaime Martínez no se puede incluir en ningún acuerdo de paz. Ellos están pagándoles a la población por coca, esto hace que impidan el acceso del ejército. Además, usan a los menores de edad para evitar los bombardeos. Pero ellos sí pueden poner motobombas en pleno centro de Jamundí”
Agregó el diputado Rodríguez, presidente de la comisión accidental de seguridad en la asamblea del Valle.
La gobernadora Toro ha solicitado al presidente Petro en varias ocasiones durante los últimos meses actuar de forma sincrónica, pues desde el Valle no pueden enfrentar la criminalidad solos. Las peticiones principales son el inicio de una estrategia de articulación unificada para el Pacífico colombiano, más control en las cárceles, mayor respuesta de la UNP para los líderes y políticos amenazados, así como el aumento del pie de fuerza.
Para Osorio, que pertenece al partido del presidente, “al gobierno departamental se le salió de las manos [la seguridad], y debe contar con el gobierno nacional. Este llamado de la gobernadora al gobierno ayuda, pero considero que la gobernación debe ser más fuerte para proteger a nuestros líderes. Si no pudo, que recurra a mesas de trabajo con el gobierno nacional”.
