El pasado lunes 14 de julio asesinaron a los firmantes de Paz Florilba Ramos Morano y Ferney Elago Caviche en Silvia, Cauca. Ambos eran parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Los Monos, en Caldono, y administraban un proyecto colectivo de cultivo de aguacate Haas.
“Hombres armados llegaron a su vivienda y los asesinaron, en un contexto de creciente presencia y disputa entre grupos armados ilegales”, dice Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). González señaló que una alerta temprana de la Defensoría advertía del riesgo en el municipio de Silvia, en donde se han registrado asesinatos, amenazas, hostigamientos y confinamientos forzados.
Cauca es epicentro de la violencia y del conflicto armado. En ese departamento operan las disidencias de las extintas Farc al mando de “Iván Mordisco”. Estas ponen en riesgo la seguridad del suroccidente del país. Además, Cauca es un corredor estratégico de economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Por su parte, los firmantes de Paz siguen siendo una población perseguida y amenazada.
Van 28 firmantes de paz asesinados en 2025
Con el asesinato de estos dos líderes, ya son 28 los asesinados hasta el 14 de julio, según reporta Indepaz. Y desde la firma del Acuerdo de Paz bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, son 466 los firmantes asesinados. En paralelo, este año van 86 líderes sociales asesinados en todo el país. Estas cifras generan alerta en organismos humanitarios y de derechos humanos.
“Esta situación refleja una grave crisis de seguridad y falta de garantías para quienes le apostaron a la paz, en especial en territorios disputados por actores armados. Se requieren medidas urgentes de protección colectiva, implementación integral del Acuerdo y presencia estatal efectiva con enfoque territorial y de derechos humanos”, dice Leonardo González.
A pesar del acuerdo de paz, continúan los homicidios y las amenazas contra los firmantes, así como contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en general. Esto, en parte por la presencia de grupos armados ilegales, pero también por la lentitud en la implementación del Acuerdo como la adjudicación de tierras, la seguridad territorial y la articulación interinstitucional.
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