Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo vital decretado por el presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en distintos sectores del país, la medida, que incluye un incremento del 23.78 % frente al salario anterior y un auxilio de transporte de $249.095, busca garantizar que las familias trabajadoras alcancen un ingreso cercano a los dos millones de pesos mensuales.
El mandatario colombiano explicó que este monto se calcula con base en los datos del DANE sobre la canasta básica familiar y el promedio de trabajadores por hogar. “El salario vital se saca del dato del DANE, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia y da dos millones de pesos mensuales”, afirmó Petro. Según él, el valor cumple con lo ordenado en el artículo 53 de la Constitución.
Petro utilizó sus redes sociales para llamar a la ciudadanía a defender el decreto en caso de que se presenten acciones judiciales que busquen frenar la medida. “¡Abejas trabajadoras y trabajadoras! listas a salir a las calles en multitud, a no dar un voto a las mafias políticas”, señaló el presidente en su cuenta de X.
El jefe de Estado sostuvo que la oligarquía y los oligopolios intentarán influir en el poder judicial para revocar el salario vital. Por ello, anunció que la Policía Nacional debe garantizar la libertad del voto y detener cualquier compra de sufragios. “Orden a la policía: detener a los compradores de votos en todo el país”.
Tutela para tumbar decreto de Salario mínimo Vital
Sin embargo, una tutela presentada ante el Tribunal de Bogotá busca suspender temporalmente los decretos 1469 y 1470, que fijan el salario y el auxilio de transporte.
“El exmagistrado Alejandro Linares, actuando como apoderado del comerciante Alexander Donato Rondón, argumenta que el aumento vulnera el debido proceso y no respetó la concertación tripartita”. La medida advierte que los incrementos pueden afectar especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas, generando despidos y reducción de jornadas.
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Entre quienes respaldan la medida, algunos integrantes del Pacto Histórico como el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, califican el salario vital como un derecho constitucional que protege la estabilidad de las familias trabajadoras.
Por otra parte, desde la oposición, María Fernanda Cabal cuestiona la constitucionalidad de la medida y su impacto en la economía: “Usted habla de oligarquía y mafias, pero lleva más de un año gobernando con los mismos políticos que antes criticaba”, afirmó Cabal.
Proyecto de ley para consolidar el salario vital
El presidente Petro anunció que el próximo Congreso deberá estudiar un proyecto de ley para que el salario mínimo vital se mantenga como un estándar legal para futuros gobiernos.
“Con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar”, señaló.
