Por Rubén Darío Valencia
Más allá del trámite surtido el domingo pasado para elegir las nuevas mesas directivas del Congreso, en el que las cargas políticas se mantienen sin cambios, no vemos que el panorama para las regiones vaya a mejorar. Esto ya se fue así.
En agosto comienza el último año del Gobierno Petro. El reloj político avanza, y las regiones —esas mismas que lo aclamaron con entusiasmo en las urnas— siguen esperando que el Presidente les cumpla lo que prometió: descentralización, inversión y justicia territorial.
Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Lejos de honrar su palabra, Petro ha administrado el país con un enfoque centralista, selectivo y punitivo, castigando desde Bogotá a los territorios que no le rinden pleitesía incondicional, y postergando incluso a los que sí lo respaldaron con lealtad.
Ha hecho con las regiones lo mismo que durante años denunció que le hicieron a él: las ha bloqueado políticamente.
Ahí está el Valle del Cauca, una de las regiones más petristas del país. Petro ganó con holgura en Cali, en el litoral, en el norte y centro del departamento. Y, sin embargo, el trato recibido por parte del Gobierno Nacional ha sido de absoluto desprecio.
El Tren de Cercanías, uno de los proyectos de integración más viables del país, fue ignorado y bloqueado desde el Gobierno al no incluirlo en el Conpes ferroviario, a pesar de contar con cofinanciación y respaldo técnico.
La vía Mulaló–Loboguerrero, crítica para el transporte de carga entre el interior y Buenaventura, permanece congelada. El Batallón de Alta Montaña en Jamundí, esencial para contener el avance de las disidencias armadas, está sin decisión final desde el Ministerio de Defensa.
La profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, anunciada y celebrada con bombos, tampoco avanza. El dragado requerido, que involucra más de $166 mil millones, no tiene respaldo real del Ejecutivo.
Mientras tanto, el Valle ejecutó $3,7 billones en 2024, con $2,5 billones (76 %) dirigidos a inversión social, de los cuales el 42,4 % fue para educación y el 22,45 % para salud. Además, aprobó vigencias futuras por $197 mil millones para proyectos estratégicos. Una gestión eficiente, técnica, seria de la gobernadora Dilian Francisca Toro, apoyada por buena parte de la Asamblea. Mientras tanto, el Gobierno le responde con bloqueo y silencio.
¿Así le paga el presidente a una región que lo apoyó en las urnas? ¿No es esto lo mismo que él denuncia como “bloqueo institucional” cuando le ocurre a él?
La situación en Antioquia es aún más clara: allí, Petro gobierna desde el rencor. La bancada antioqueña —una de las más activas del Congreso, con más de 480 iniciativas presentadas entre 2018 y 2022— ha sido ignorada por completo.
Proyectos como el Tren del Río, la segunda pista del aeropuerto José María Córdova y varios tramos de las autopistas 4G han sido postergados sin mayor explicación.
A pesar de representar más del 13 % del PIB nacional, Antioquia recibió solo $245.545 millones del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) en 2024. De ellos, el 60% se destinó a proyectos regionales y el resto a iniciativas municipales, lo cual es claramente insuficiente frente al tamaño de su economía y sus demandas sociales.
Todo esto, mientras el presidente insiste en atacar al empresariado antioqueño, en deslegitimar a sus gobernantes, en excluir a la región del diálogo nacional y en mentir desde el Senado, diciendo que Antioquia fue la que más creció económicamente gracias a su Gobierno.
Y en la Costa Atlántica, región donde el Pacto Histórico tuvo apoyo parlamentario decisivo, el desengaño es igual de profundo. La crisis tarifaria energética sigue sin solución. La promesa de crear una empresa pública de energía no pasó del PowerPoint, y los sistemas de trenes y conexión férrea siguen siendo letra muerta.
El Atlántico recibió apenas $103.918 millones del Fondo de Compensación Regional en 2024, cifra que se mantiene en la línea de gobiernos anteriores, muy lejos del discurso de justicia social. De ese total, $55.204 millones (60 %) fueron para el departamento y $18.739 millones (40 %) para los municipios.
La bancada costeña, que arrancó unida y fuerte, hoy está dividida, sin obras y sin respuestas. Y no porque no hayan hecho su trabajo, sino porque el Ejecutivo simplemente no les ha cumplido.
Mientras tanto, en el Palacio de Nariño, el presidente sigue predicando contra el centralismo y la exclusión. Pero en la práctica, ha construido un modelo de recentralización ideológica: solo gobierna para quienes le son útiles políticamente.
Estamos entrando al último año del mandato. Es hora de que el país exija al presidente menos discursos y más coherencia. Las regiones no pueden seguir siendo trincheras ideológicas. Tienen necesidades reales. Obras inconclusas. Inseguridad creciente. Proyectos listos para ejecutar.
No se trata de Petro contra las élites, ni del Pacto contra los gamonales. Se trata de que Colombia es un país de regiones, y gobernar con equidad implica respetarlas, escucharlas y cumplirles.
Porque si al final de este gobierno todo lo que queda es más centralismo, más exclusión y más promesas rotas, entonces Petro no solo habrá traicionado a las regiones. Habrá traicionado lo que él mismo dijo ser.
