Por Rubén Darío Valencia
Tras el doloroso atentado terrorista a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde 6 personas perdieron la vida y 78 más resultaron heridas (tres de las cuales aún están muy graves), así como la destrucción de 40 viviendas residenciales y 20 negocios comerciales, más las amenazas de muerte contra la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder, la ciudad camina al borde de un ataque de nervios.
Muchas han sido las voces de solidaridad, las expresiones ideológicas y los análisis políticos de las causas y las consecuencias de este hecho, suma de una serie de ataques contra la ciudad y sus alrededores. Incluso críticas a la reacción tardía del Gobierno Nacional y al modelo de seguridad de la Administración Distrital, aunque, dicha sea la verdad, muy pocas voces condenando a los que cometieron el acto criminal.
Una de las voces más autorizadas en torno a estos hechos es la del concejal opositor Roberto ‘El Chonto’ Ortiz Urueña, excandidato a la Alcaldía de Cali con una de las propuestas de seguridad más robustas y serias de toda la campaña, elogiada incluso por sus contradictores. Y aunque ya expresó su solidaridad con las víctimas y los comerciantes y rechazó las amenazas contra el Alcalde y la Gobernadora, insistió en sus delicadas denuncias en materia de inseguridad ciudadana y en la necesidad de tomar medidas urgentes, de fondo, aunque cuesten. Creo que es hora de que oigamos con toda atención al ‘Chontico’.
Hay que reconocer que él ha venido advirtiendo sobre el reclutamiento de menores, la llegada de bandas delincuenciales del sur del país (Cauca y Huila), las alianzas entre disidencias y pandillas locales, secuestros exprés en el sur, bandas especializadas en asaltos a residencias de estratos altos, y la entrada de drogas, armas y explosivos por la zona rural. Ninguna de esas advertencias fue tenida en cuenta, reclama, no porque lo anime hurgar en la desgracia, sino para exigir acción inmediata.
Ortiz sostiene permanentemente, sobre todo en sus activas redes sociales, que hoy no existe un plan estructurado de seguridad ciudadana con vocación de triunfo contra la criminalidad. Insiste en que las cámaras que hay en las vías de Cali son obsoletas, incapaces de cumplir tareas de inteligencia artificial como el reconocimiento facial, reseña automática y judicial de placas, seguimiento de sospechosos en tiempo real. También, que necesitamos drones de ala fija para poder vigilar la ciudad 24 horas con la capacidad de detectar e identificar desde el aire a personas armadas o a vehículos con cargas extrañas a través de sistemas de calor. “Eso ya está inventado”, enfatiza.
Si bien el Gobierno Nacional se comprometió a ayudar tras el brutal ataque, Cali quedará corta el alcalde Eder no invierte más dinero en seguridad. Ortiz ha sido claro: de los 3,5 billones que el Concejo aprobó a la Administración, se debe priorizar la seguridad. No bastan 80 o 100 mil millones. “Alcalde, si necesita invertir 300 o 500 mil millones para proteger a los caleños, hágalo; si hay otros proyectos, aplácelos, pero primero invierta en la seguridad”, reclama el concejal.
Modernizar el comando policial cuesta 60 mil millones, actualizar las cámaras otros 60 mil, y los drones y vehículos rondan los 200 a 250 mil millones. “Todo eso está calculado. La ciudadanía ya está cansada de anuncios sin resultados”, insiste Ortiz.
El líder político sostiene que de los 1,2 billones que están por desembolsar los bancos a la Alcaldía, muy poco está destinado a seguridad. “¿Qué está pasando?”, se pregunta. La ciudad supera los 600 homicidios en medio año, no cede la extorsión, los robos se multiplican y el terrorismo se recrudece. La sensación ciudadana, afirma, es que a la actual Administración no parece preocuparle lo suficiente la seguridad.
Ortiz también advierte sobre la reactivación de los secuestros exprés de ciudadanos en sectores pudientes, muchos de los cuales no denuncian por temor a represalias y a ser revictimizados, y sobre el reclutamiento forzado de jóvenes en Llano Verde con falsas ofertas laborales. Y lanza una alerta nueva: los centros comerciales y entidades públicas carecen de controles mínimos, “los vehículos entran como Pedro por su casa”, mientras desde Ecuador ya se denuncian cargamentos de explosivos rumbo a la ciudad.
El llamado final del ‘Chontico’ es directo a la Alcaldía, a la Policía y a los ciudadanos. Nadie puede minimizar la amenaza ni confiarse. La delincuencia organizada se está tomando en serio su ofensiva; lo mínimo es que la institucionalidad se lo tome también en serio. De lo contrario, la próxima sorpresa dolorosa puede estar a la vuelta de la esquina. Dios no lo quiera.