El segundo año del gobierno Petro estuvo cargado de cambios para el país, desde el incremento del precio del dólar hasta la llegada de la cumbre de biodiversidad COP16 a Cali.
Donde los escándalos de corrupción o negligencia gubernamental no hicieron falta. Las audiencias preparatorias del hijo del presidente acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que tuvo cambios de abogado, aplazamiento de audiencia y nuevas pruebas que compromete a funcionarios del gobierno.
El cónclave de corrupción en la UNGRD entre funcionarios del gobierno y miembros del congreso para adelantar las reformas, fue uno de los hechos que más causó caos en el aparato gubernamental. Un caso que dejó a seis funcionarios fuera de su cargo, congresistas investigados e incluso una relación entre el legislativo y el ejecutivo tensa, que ha tumbado todas sus reformas desde entonces.
También estuvieron en el ojo público investigaciones que mostraron el exagerado séquito de la primera dama, Verónica Alcocer. O las denuncias por irregularidades en los giros al Icetex a más de 200 mil estudiantes a lo largo del país.
El regreso de Armando Benedetti, una figura clave en la campaña Petro, que estuvo alejado del país por sus múltiples cuestionamientos, resultó ser una de las movidas más criticadas del actual gobierno. Benedetti pasó de ser embajador en la FAO en Italia, un cargo que fue reabierto especialmente para él, a sentarse al lado del presidente y su antigua aprendiz, Laura Sarabia.
Repase los escándalos que movieron las fibras políticas del país en las siguientes líneas.
El regreso de Benedetti como escudero del presidente
Armando Benedetti, un ‘viejo zorro’ de la política colombiana, regresó a los pasillos del palacio de Nariño. Esta vez como asesor del primer presidente de izquierda, Gustavo Petro.
Benedetti asesoró a Álvaro Uribe en sus ocho años en presidencial, fue un eje fundamental del partido del U con Juan Manuel Santos y férreo defensor del acuerdo de paz. En 2021 cuando olía el cambio de la balanza hacia la izquierda se convirtió en una sombra del Senador Gustavo Petro en su campaña presidencial.
Benedetti fue uno de los actores principales que le consiguió votos de maquinaria en la costa. Y cuando Petro subió al poder, convirtió a su exasesora Laura Sarabia en su mano derecha. Mientras que a Benedetti lo envió lejos como embajador de Venezuela.
El distanciamiento de Petro sumado a las adicciones de Benedetti, convirtió su comunicación en un eje explosivo para que explotaran escándalos, en plural. El primero fueron las explosivas llamadas de las llamadas entre el embajador y Laura Sarabia, que sugerían que la campaña presidencial había superado los topes establecidos.
Situación que retiró a ambos funcionarios de su cargo a inicios de 2023. Sin embargo, su distanciamiento del sector público no duró mucho, pues a finales de ese mismo año se reactivó una embajada en Italia para representar a Colombia ante la FAO.
Cargo en el que no estuvo mucho tiempo sin dar de que hablar, cuando en julio de 2024 fue acusado por su esposa de violencia intrafamiliar en España. Hecho que llevó al embajador a separarse del cargo y después a iniciar un proceso de rehabilitación ante el abuso de sustancias.
Su primera aparición pública después del incidente fue en una reunión con el presidente Petro y la directora del dapre, Laura Sarabia, su antigua asesora convertida en enemiga política. De esa reunión salió la decisión de que Benedetti sería un asesor político del presidente, estaría sentado al lado de su oficina en el tercer piso y lo verían mucho en el congreso.
La novela en la crisis del Icetex
La crisis presupuestal en la entidad de apoyo a la educación más grande del país, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, fue uno de los hechos más controversiales de los últimos meses.
Tras las denuncias de la congresista Catherine Juvinao, de que la entidad estaría desfinanciada por un billón de pesos para 2025, además de la cancelación de la convocatoria de créditos para nuevos estudiantes en el siguiente año.
Así mismo, en su cuenta de X denunció que el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien es presidente de la junta directiva del Icetex, no ha asistido a las juntas de la entidad desde que se posicionó.
Frente a estas acusaciones, en su momento Rojas publicó un trino donde afirma que el Icetex no es responsabilidad del Ministerio de Educación. Así fue la publicación en X: “¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA”.
La crisis que tuvo a 200 mil estudiantes en vilo por el retraso de 432 mil millones a esta entidad en los giros a las universidades privadas, generó un ambiente tenso incluso en el capitolio. Donde fue citado a la comisión sexta del senado por este incidente y el suspender los nuevos créditos para 2025, que perjudicaría a 70 mil personas que esperan la apertura de la convocatoria.
Aquí puede leer como fue el control político al ministro de educación, a la directora del icetex y al ministro de defensa en esa comisión. Que terminó sin dar declaraciones y culpándose unos a otros. Frente a la crisis, el presidente Petro incluso propuso convertir la entidad en un banco que tendrá al ahorro del público como la fuente de financiación.
A 27 de diciembre, la entidad abrió 10 mil nuevos créditos para 2025 de los 70 mil que se esperaba recibir. Se aseguraron 149 mil millones de pesos. De este monto, 94 mil millones corresponden a las operaciones habituales del Icetex, mientras que 55 mil millones están vinculados al programa Generación E – Excelencia.
Sin embargo, según el representante Hernando González, 184 mil jóvenes aún se encuentran en peligro de no acceder a los subsidios el próximo año.
El proceso legal de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Las audiencias preparatorias previas al juicio de Nicolás Petro fueron noticias por los múltiples cambios inesperados en las audiencias. Desde nuevas pruebas, un preacuerdo caído hasta un cambio de abogado a último minuto.
En preacuerdo con la fiscalía, Nicolás Petro aceptaría solo el cargo de estafa o enriquecimiento ilícito para obtener una pena más baja y evitaría el juicio. Según la fiscal general Luz Adriana Camargo, este se cayó debido a que fue filtrado a los medios de comunicación. Aunque este acuerdo no estaría descartado del todo, y se espera que en 2025 pueda abrirse otra puerta.
Evidencias halladas en el celular de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, revelan fotos y conversaciones entre la pareja de Nicolás y su mamá, Ana Rosa Estupiñán. Es incluyen fotos de fajos de billetes junto a objetos personales de Nicolás en 2022.
En octubre, el abogado que llevaba defendiendo al hijo del presidente durante un año abandonó su cargo, días después de que aparecieron nuevas pruebas contra el imputado y que se hiciera público el preacuerdo con la fiscalía. Según Henao, la razón de su renuncia es que no estaba enterado del proceso de negociación del preacuerdo con la fiscalía.
Con la llegada de un nuevo abogado al proceso, Ricardo Gaviria, un abogado que es cercano al presidente, el proceso legal tuvo cambios en su rumbo.
El futuro del primogénito del presidente Petro se definirá en los estrados judiciales el 13 de enero de 2025, cuando se reanude la audiencia preparatoria de su juicio, tras las nuevas evidencias que indicaría que habría incrementado su patrimonio de forma injustificada en $1.053 millones.
Un poco de contexto del caso.
El escándalo que envuelve a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, comenzó en marzo de 2023 con revelaciones de su expareja Daysuris Vásquez sobre el uso indebido de fondos de campaña en negocios personales y gastos lujosos. Desde entonces, el caso ha desencadenado una serie de investigaciones y audiencias que han implicado a figuras políticas y empresarios, destacando cuestiones sobre la financiación de la campaña presidencial y la imparcialidad en el proceso judicial.
El 2 de marzo de 2023, Vásquez reveló que Samuel Santander, un narcotraficante conocido como “El hombre Marlboro”, entregó más de 600 millones de pesos a Nicolás a través de Máximo Noriega, candidato del Pacto Histórico a la gobernación del Atlántico.
Además, afirmó que Alfonso “el Turco” Hilasca, un empresario cuestionado del Bolívar, aportó 400 millones de pesos destinados a la campaña presidencial. Estos fondos fueron presuntamente utilizados en gastos personales, incluyendo la compra de una casa de 1600 millones de pesos registrada a nombre de un tercero para evitar comprometer a Nicolás.
La denuncia de Vásquez no solo involucró a Nicolás Petro, sino también a figuras políticas de alto perfil como el exministro Alfonso Prada, el director del Sena Jorge Londoño y el polémico exsenador Musa Besaile.
En julio de 2023, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fueron arrestados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante la legalización de las capturas, se decomisó el celular de Vásquez, que contenía mensajes comprometedores de Nicolás sobre el dinero recibido. Aunque ambos negaron los delitos, Nicolás anunció su intención de colaborar con la justicia para proteger a su familia.
A pesar de las promesas de cooperación, tras una reunión con su padre, Nicolás decidió no colaborar más con la Fiscalía, alegando presiones para usarlo como arma contra su padre. La Fiscalía General de la Nación procedió entonces con un escrito acusatorio contra Nicolás, quien enfrentará cargos adicionales por apropiación indebida, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público y privado.
Corrupción UNGRD: Acusados enlodan a Laura Sarabia y Ricardo Bonilla
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia reveló una red de corrupción en la que altos funcionarios del gobierno, incluidos ministros, congresistas y directivos de la UNGRD, estuvieron involucrados en la adjudicación irregular de contratos millonarios y el pago de sobornos para asegurar la aprobación de reformas legislativas.
Gracias a este enroque de corrupción han caído las cabezas de seis funcionarios del alto gobierno. Entre las que se encuentra Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD; Carlos Ramón González, quién dirigía la Dirección Nacional de Inteligencia; Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones. Así como los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, respectivamente.
Durante los últimos meses ha habido nuevas movidas que tumbaron incluso al ministro de hacienda, Ricardo Bonilla. Debido a que una exasesora involucrada en el escándalo advirtió que Bonilla conocía de los sobornos a congresistas para aprobar créditos en el extranjero. Este hecho hizo que el presidente Petro el pidiera su renuncia.
La exasesora para las regiones, Sandra Ortiz, fue enviada a prisión al igual que Olmedo López y Sneyder Pinilla. En su audiencia de imputación de cargos aseguró que todo el caso era un complot de Laura Sarabia para invocrarla en los hechos de corrupción.
Un poco de contexto.
El 26 de septiembre de 2023, una reunión clave se llevó a cabo con la participación de Sandra Ortiz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y Olmedo López. Durante este encuentro, se habría dado la instrucción a López para conseguir el dinero necesario para sobornos en el Congreso, facilitando la aprobación de reformas. Al día siguiente, se realizó una gran reunión en el Palacio de Nariño, donde se discutieron contratos por 92 mil millones de pesos a cambio de votos para la reforma a la salud. Entre los presentes estaban ministros como Ricardo Bonilla y Guillermo Jaramillo.
En octubre, las entregas de sobornos comenzaron a tomar forma. Pinilla aseguró haber obtenido 1.500 millones de pesos a través de prestamistas, entregando el dinero a Sandra Ortiz en el hotel Tequendama. Ortiz llevó el maletín a la casa de Iván Name. Días después, Pinilla recogió otros 1.500 millones y los entregó nuevamente a Ortiz en el mismo hotel. El 14 de octubre, Pinilla voló a Montería y entregó mil millones de pesos al representante Andrés Calle en su apartamento.
Los contratos adjudicados incluían proyectos por 50 mil millones de pesos para un sistema de drenaje en Córdoba, 12 mil millones para mitigar erosión en Bolívar y 30 mil millones para prevenir inundaciones en Arauca. El ministro Bonilla urgió la rápida contratación de estos proyectos, indicando un compromiso con los congresistas.
En febrero de 2024, medios de comunicación revelaron sobrecostos de 20 mil millones de pesos en la compra de carrotanques. Estos contratos fueron otorgados a empresas sin experiencia y vinculadas entre sí, elevando artificialmente los precios. Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, denunció a Olmedo López, y la Procuraduría y Contraloría abrieron investigaciones. López renunció el 29 de febrero.
El caso también involucró la adjudicación irregular de 63 mil millones de pesos a Uribia, La Guajira, una suma que superaba ampliamente lo asignado a Riohacha, la capital del departamento.
El 26 de julio de 2024, Carlos Ramón González fue destituido como director del DNI debido a su participación en el escándalo. El 7 de agosto de 2024, se realizó una audiencia de imputación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, donde la Fiscalía buscó enviar a prisión a los implicados.
Este escándalo ha sacudido a la administración de riesgos en Colombia, revelando la profundidad de la corrupción en la adjudicación de contratos y el manejo de fondos públicos, y planteando serias dudas sobre la integridad de los altos funcionarios del gobierno.
El séquito de Verónica Alcocer
La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha sido el centro de un escándalo por los gastos extravagantes y la falta de transparencia en la contratación de su séquito. Este grupo, compuesto por amigos cercanos y asesores personales, ha generado polémica debido a los elevados gastos financiados con fondos públicos.
Según una investigación de La Silla Vacía, ‘El séquito de Verónica Alcocer’ incluye un maquillador personal y vestuarista, un fotógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal con sueldos comparables a los de un ministro. Estos miembros están contratados por tres entidades públicas para encargarse de su imagen, agenda y compañía en eventos nacionales e internacionales. Los honorarios de estos contratistas oscilan entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales, además de los viáticos por acompañar a la primera dama.
Contrataciones y Salarios:
- Ingrid Carolina Plata: Mejor amiga de Alcocer, contratada por la Presidencia con un salario de 20,2 millones de pesos mensuales para apoyar actividades protocolarias y logísticas. Su esposo, amigo personal de Gustavo Petro, también ha estado involucrado en la campaña presidencial de Petro.
- Luis Flórez: Maquillador personal de Alcocer, que acompañó a la primera dama en numerosos viajes internacionales, cobrando viáticos por 49,3 millones de pesos y recibiendo honorarios de 120 millones de pesos entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023.
- María Antonia Pardo: Asesora con sueldo de ministra en Procolombia, contratada con un salario de 28 millones de pesos mensuales. Además de su labor oficial, es conocida por manejar la agenda y logística de Alcocer.
- Mauricio Vélez: Fotógrafo profesional encargado de la imagen de Alcocer en redes sociales y otros proyectos audiovisuales. Contratado con honorarios de 20 millones de pesos mensuales, la mayoría de sus viajes han sido con la primera dama, cobrando viáticos adicionales por estos viajes.
La oposición ha criticado duramente estos gastos. El representante Juan Espinal del Centro Democrático ha anunciado que citará a los funcionarios del séquito a un debate de control político, destacando la contradicción entre estos gastos y la promesa de austeridad del presidente Gustavo Petro.
El escándalo ha generado un amplio debate sobre la transparencia y el uso de fondos públicos en Colombia, con llamados a una mayor rendición de cuentas. La Fiscalía y otros entes de control están evaluando las implicaciones legales de estas contrataciones y gastos.
