El presidente Gustavo Petro está en el centro del debate público tras revelarse que su gobierno ha destinado más de $131.535 millones de pesos en contratos de publicidad desde su llegada al poder en agosto de 2022. Este gasto incluye acuerdos con medios de comunicación públicos, plataformas digitales e influenciadores, lo que ha despertado críticas por el uso de recursos públicos en medio de una anunciada crisis económica.
En comparación, el gobierno de Iván Duque invirtió poco más de 40.000 millones en pauta oficial durante todo su gobierno. Además. solo en 2024, el gasto de Petro en publicidad alcanzó los 63.508 millones, con una gran parte destinada a tres medios públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé.
Contratos clave
Uno de los contratos más costosos fue firmado entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y RTVC por $20.700 millones, que esta vigente hasta abril de 2025. Este acuerdo busca divulgar la oferta institucional de la ANT y posicionar su imagen frente a la reforma agraria, uno de los temas prioritarios del gobierno.
Además, RTVC también gestionó acuerdos con los ministerios de Cultura ($5.405 millones), Educación ($2.500 millones) e Interior ($1.973 millones), acumulando un total de $38.432 millones en 2024. también, Teveandina cerró contratos por 17.084 millones y Telecafé por $7.991 millones, destacándose el Ministerio de Ambiente como su principal cliente.
Influenciadores en la estrategia digital
El uso de influenciadores también ha generado controversia, ya que al menos cinco creadores de contenido con presencia digital tienen contratos con el Estado que suman más de $620 millones. Entre ellos se encuentran Celso Tete Crespo, del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Walter Alfonso Rodríguez (“Wally Opina”), contratados por RTVC con salarios mensuales superiores a los 10 millones de pesos.
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Por otro lado, en noviembre de 2024 el presidente Petro emitió una directiva para que, desde 2025, un 33,3% del presupuesto de publicidad se destine a medios comunitarios, alternativos y digitales. El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, defendió esta política como una forma de promover la sostenibilidad de los medios y garantizar la libertad de prensa.
Sin embargo, algunos sectores interpretan esta estrategia como un intento de controlar la narrativa mediática y fortalecer la presencia del progresismo. Mientras tanto, el debate sobre el uso de recursos públicos en tiempos de las crisis económicas sigue abierto.
