El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta críticas tras la denuncia del concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, sobre la firma de 229.000 contratos de prestación de servicios durante su mandato, con un promedio diario de 253 acuerdos. Según Briceño, estos contratos han representado un gasto total de 9,14 billones de pesos.
De acuerdo con Briceño, el 2024 fue el año con mayor cantidad de contratos firmados, alcanzando los 111.539, además en el 2023 se registraron 100.618, mientras que en 2022 la cifra fue de 74.032. Esto representa un incremento del 10,9 % entre 2023 y 2024, con más de 37.500 nuevos contratos en comparación con 2022. Además, según el concejal, 2024 marcó un hito histórico al superar los 4 billones de pesos en gasto por este concepto, un incremento de 1,2 billones respecto a 2022.
Agencia Nacional de Tierras
Entre las entidades públicas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lidera en contrataciones, con 17.174 contratos firmados. Durante el Gobierno Petro, esta entidad ha destinado 714.000 millones de pesos a contratistas, una cifra sin precedentes en administraciones anteriores, según Briceño.
La denuncia surge en un contexto de anuncios gubernamentales para reducir los contratos de prestación de servicios en 2025 como parte de un plan de austeridad. Sin embargo, Briceño cuestionó la seriedad de estas medidas: “De ninguna forma se comprometen con una cifra real y concreta de disminución de contratos. Pura charlatanería y frases de buenas intenciones”, afirmó el concejal.
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La promesa de austeridad del Gobierno se da en medio de una reducción presupuestaria anunciada por la falta de aprobación de la Ley de financiamiento. Esto, sumado a las críticas sobre la gestión de recursos, pone en el centro del debate público la necesidad de mayor transparencia y eficiencia en el gasto público.
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desafío significativo para equilibrar sus promesas de austeridad con el manejo de los contratos de prestación de servicios, un tema que sigue generando tensión política y demandas de mayor control por parte de la opinión pública y sectores de oposición.
