Sobre las cuatro de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó en su cuenta de X una “denuncia” hacia el magistrado César Reyes, que lo envió a prisión preventiva en arresto domiciliario por riesgos de obstrucción de la justicia, en agosto de 2020 cuando era Senador de la República.
Uribe denunció al juez lo envió a prisión, de ser contratista en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, “al servicio del acuerdo de amnistía de Santos a las narcoterroristas FARC”. También lo acusó de haber sido contratista durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Mencionó que durante el tiempo en que fue consultor en Usaid, el magistrado Reyes fue cercano a Pilar Rueda, la esposa del Senador Iván Cepeda. Uno de sus mayores opositores y que lo denunció por manipulación de testigo en la Corte Suprema de Justicia.
El comunicado lo hizo citando al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y al director Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Quienes han realizado varias críticas a USAID e incluso piensan desmontarla para reemplazarla con una entidad más afín a sus idearios políticos.
El tweet fue reescrito a las ocho de la mañana, con la intención ahora de etiquetar a Secretario de Estado, Marco Rubio.
¿Son ciertas las acusaciones de Uribe?
El magistrado César Augusto Reyes Medina fue elegido como presidente de la Sala de Instrucción en la Corte Suprema de Justicia en enero de 2023. Esta sala se encarga de investigar a congresistas y excongresistas del país, por lo que el caso Uribe se encuentra en ese tribunal.
Reyes también fue ponente del caso contra Uribe y quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento en contra del expresidente.
Y como menciona en su tweet, antes de llegar al alto tribunal desempeñó labores de consultor en un proyecto de USAID.
En el documento “Institucionalidad socavada: Justicia local, territorio y conflicto en la subregión sur de Córdoba”, redactado por la Fundación Ideas para la Paz, el magistrado reyes fue coordinador del componente del capítulo ‘Fortalecimiento de la Justicia local y del Proceso de Restitución de Tierras’ en Usaid, en el cargo de contratista.
De igual modo, también tuvo un contrato con la Presidencia del gobierno Santos durante 2016. El magistrado reyes fue consultor en la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda, y esta compañía celebró un contrato de servicios con el Fondo de Programas Especiales para la Paz.
El contrato se firmó para elaborar una base de datos de los excombatientes de las Farc que debía ser estandarizada con cada una de las personas que se encontraban detenidas con una medida de aseguramiento.
La compañía también realizó capacitaciones para el Inpec y en otras labores que permitían cierta cercanía con las cárceles. El precio de este contrato fue de 575 millones de pesos, y fue administrado por el fondo de Programas Especiales para la Paz del Dapre.
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Y frente a la última acusación, es una verdad a medias. Tanto Reyes como Rueda, la esposa de Iván Cepeda, fueron contratistas de USAID. Pero pertenecían a programas diferentes. Reyes fue parte del componente Fortalecimiento de la Justicia Local, y Rueda, del Componente de Género del Proyecto de Acceso a la Justicia.
