Este miércoles 12 de febrero, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió desestimar las nulidades solicitadas por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros implicados en el caso, sobre la presunta violación de los topes electorales en la campaña presidencial de 2022. La solicitud de que la Comisión de Acusación de la Cámara asumiera el caso fue rechazada con seis votos a favor y tres en contra, lo que permite que la investigación continúe su curso.
El CNE suspendió la investigación mientras evaluaba la solicitud de nulidad, que argumentaba que la Comisión de Acusación debía tratar el caso. Ahora que rechazaron esa petición, reanudan la investigación, ya que el CNE dispone de tres meses para recabar evidencias, aunque este plazo puede extenderse hasta dos meses más. El proceso culminará con una decisión del ponente a finales de junio.
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Detalles de la investigación sobre los topes violados
La investigación se centra en los gastos de la campaña del presidente Petro durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Según los informes, se habrían excedido los topes establecidos por un total de $5.355 millones. En la primera vuelta, se habría violado el límite en $3.709 millones, mientras que en la segunda vuelta, el exceso fue de $1.646 millones. La campaña reportó gastos en transporte por $4.155 millones en la primera vuelta y $1.330 millones en la segunda.
Sin embargo, los investigadores encontraron discrepancias, especialmente en relación con los pagos a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), que usaron para ocultar los gastos excesivos.
Entre los responsables señalados se encuentran el presidente Gustavo Petro, el exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y la tesorera Lucy Aydee Mogollón. Además, los auditores Maria Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, junto con los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, fueron mencionados como responsables de auditar y presentar los informes de ingresos y gastos.
Aunque la máxima sanción posible es una multa o la devolución de los fondos correspondientes a la reposición de votos, el CNE podría remitir el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara, lo que podría derivar en un juicio político al mandatario, un proceso largo e inédito en la política colombiana.
