El magistrado Ramiro Riaño, del Tribunal Superior de Bogotá, se apartó del estudio de la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La tutela fue presentada por Uribe, quien considera que la jueza encargada de su juicio, Sandra Liliana Heredia, no está actuando con imparcialidad.
El motivo por el cual Riaño se declaró impedido es por su vínculo personal con su compañera Luz Adriana Gutiérrez Mejía. En 2013, el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, nombró a Gutiérrez fiscal provisional en Zipaquirá, Cundinamarca. Este hecho genera un posible conflicto de intereses, ya que Montealegre también se considera parte interesada en el proceso al declararse víctima en el caso de Uribe.
Al presentar su solicitud de impedimento, Riaño explicó que la situación podría generar dudas sobre su imparcialidad, un tema central en la tutela que presentó Uribe. El magistrado resalto que se apartaba de la decisión para evitar cualquier cuestionamiento relacionado con sus ideales.
La tutela de Uribe
El 11 de febrero de 2024, la defensa de Uribe presentó la tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde en ella, acusaban a la jueza Heredia de no garantizar un juicio justo e imparcial. Según los abogados de Uribe, la jueza desestimó diversas solicitudes legítimas en su defensa y mostró un sesgo en su comportamiento. Los abogados de Uribe presentaron esta tutela después de que Heredia rechazara una recusación planteada, lo que generó un fuerte rechazo entre ellos.
Este recurso tiene como objetivo suspender temporalmente el juicio al expresidente, que enfrenta acusaciones de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno. El tribunal aceptó provisionalmente la tutela, lo que permitió suspender las audiencias del juicio mientras se resuelve este conflicto legal.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, expresó su preocupación por el hecho de que el caso de Uribe podría beneficiarse del tiempo que transcurre, ya que la prescripción de los delitos está prevista para el 8 de octubre de 2025. Este acontecimiento resalta las tensiones y complicaciones que han marcado el proceso judicial contra el expresidente, quien se enfrenta a graves acusaciones por su presunta vinculación con las autodefensas y la manipulación de testigos.
