La Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha tomado medidas contundentes tras la denuncia por acoso laboral presentada en el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por ella misma. El caso salió publico el 14 de febrero, cuando una funcionaria presentó su renuncia junto con una carta que detallaba los hechos de acoso que habría sufrido en el entorno de trabajo.
Sandra Milena Cobos Angulo, exgobernadora indígena, presentó la denuncia por acoso y acusó al viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, Nelson Lemus Cruz, de conducta inapropiada. Según Cobos, Lemus intentó abordarla sin su consentimiento en varias ocasiones, lo que desencadenó un conflicto en el ámbito laboral. Además, la asesora del viceministro minimizó la situación y descalificó la denuncia.
A raíz de la denuncia, Francia Márquez instruyó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del ministerio para remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación. El objetivo es que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine si existieron responsabilidades dentro de la institución. La Vicepresidenta reafirmó su compromiso con la igualdad y la justicia, asegurando que no tolerará situaciones que vulneren los derechos de los empleados del ministerio.
La polémica denuncia
También, Márquez destacó que su lucha por la igualdad es un compromiso personal y no solo un cargo. Afirmó que su deber es garantizar que la igualdad de género sea una realidad palpable y no un simple discurso. Además, rechazó cualquier forma de violencia y discriminación en el ámbito laboral, reiterando su postura de cero tolerancia frente a situaciones que atenten contra la dignidad de las personas.
Como parte de las medidas adoptadas, se activaron los mecanismos del sistema SALVIA, creado para brindar apoyo a las víctimas de violencia de género en el sector público. El objetivo garantiza el acompañamiento integral a la funcionaria afectada, respeta su derecho al debido proceso y su confidencialidad.
La denuncia ha generado gran controversia, especialmente en el sector público y organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas entidades han solicitado que la investigación sea llevada a cabo con total transparencia y celeridad.
