El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó claro este jueves 6 de marzo de 2025 que está dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, si la Corte Constitucional decide anular los decretos de conmoción interior impuestos en el Catatumbo. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han protagonizado fuertes enfrentamientos en la región del noreste del país, lo que ha obligado al Gobierno a implementar medidas excepcionales para garantizar la seguridad y promover el desarrollo social.
Durante su visita a Tibú, Norte de Santander, Petro destacó que la medida busca destinar 2,7 billones de pesos a iniciativas sociales y de seguridad. El Gobierno presentó previamente este plan, conocido como el Pacto del Catatumbo, en un Consejo de Ministros televisado. Entre los principales proyectos se incluyen seguridad, restitución de tierras, política agraria y educación.
Petro, sin embargo, no escondió su frustración ante la conmoción en el Catatumbo, por las limitaciones en infraestructura de la región, señalando que la falta de carreteras obstaculiza el desarrollo económico. Ante la posible caída de los decretos, el presidente expresó que abriría canales de comunicación con Maduro para discutir la creación de una zona económica especial en la frontera, lo que, según él, podría impulsar la economía local.
La crítica a los decretos y el papel de la Corte Constitucional
Uno de los ejes de la estrategia en el Catatumbo es la erradicación manual de cultivos de coca. Petro detalló que, por razones constitucionales, su Gobierno no contempla la fumigación en esta región, sino que se centrará en pagos por erradicación voluntaria. Gloria Miranda Espitia, directora del Programa de Cultivos Ilícitos, explicó que los campesinos recibirían un incentivo cercano al 90% de un salario mínimo mensual, alrededor de 1.280.000 pesos, para sustituir cultivos ilegales por productos de pancoger.
Varios sectores han criticado el decreto de conmoción interior, considerando que podría vulnerar derechos y alterar el equilibrio institucional del país. Esta medida, contemplada como excepcional en la Constitución, puede durar un máximo de 90 días, prorrogables por otro período similar. La Corte Constitucional decidirá si el decreto es legal y adecuado para la situación que vive el Catatumbo.
En total, el Gobierno ha asignado 881.000 millones de pesos para atender la emergencia social en la región, con un enfoque en defensa, y 330.000 millones de pesos para la erradicación de cultivos ilícitos.
