La comunidad cristiana en Colombia ha presentado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico. La acusación se basa en una presunta discriminación religiosa por parte del congresista, quien habría hecho comentarios que podrían promover el odio hacia las congregaciones cristianas. La denuncia llega en medio de un clima tenso luego del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.
El 18 de marzo, Mondragón realizó unas declaraciones a través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter). En el video, el congresista afirmó: “Van a masacrar a los trabajadores y luego van a pedir el diezmo en las iglesias para pagar sus campañas”. Las palabras de Mondragón fueron vistas por muchos como una acusación directa hacia las iglesias cristianas, sugiriendo que estas estarían involucradas en actividades irregulares para financiar campañas políticas.
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Denuncia ante la Corte Suprema
Según el activista Jonathan Silva, que presentó la denuncia, las afirmaciones de Mondragón no solo carecen de fundamentos, sino que también incitan a la intolerancia y la desinformación contra la comunidad cristiana. En su denuncia, argumenta que las declaraciones del congresista pueden generar actos de persecución religiosa y fomentar un ambiente hostil hacia los creyentes. La Corte Suprema será la encargada de evaluar si estos comentarios constituyen un acto de discriminación religiosa que merezca una sanción.
Diversos líderes cristianos han expresado su rechazo a las palabras de Mondragón, calificándolas de infundadas y peligrosas. Aseguran que el congresista no tiene pruebas para respaldar sus acusaciones y que, en lugar de promover el diálogo, está fomentando un discurso de odio. Por su parte, Mondragón ha defendido su postura, argumentando que sus palabras fueron una crítica política, no un ataque contra la religión.
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Este episodio tiene lugar en el marco del debate sobre la reforma laboral, que fue hundida en la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo. Ocho congresistas votaron en contra del proyecto, mientras que solo cuatro lo apoyaron. Esta situación ha generado un ambiente político tenso, con el gobierno nacional anunciando la intención de realizar una consulta popular sobre las reformas laborales y de salud, que incluirá la opinión de los ciudadanos sobre estos temas.
