El Consejo de Estado ha tomado la decisión de que a partir de ahora, el presidente Gustavo Petro no podrá transmitir los consejos de ministros en canales privados, locales o regionales. La orden judicial establece que estas emisiones, si se consideran necesarias, solo podrán realizarse a través de medios públicos como Señal Colombia y el Canal Institucional. La medida responde a una acción judicial que cuestionó la práctica de utilizar la franja prime time para difundir exclusivamente contenido oficial.
El alto tribunal concluyó que las transmisiones del Gobierno estaban afectando el derecho fundamental a la información. En especial, por hacerse en el horario de mayor audiencia, entre las 7:00 p.m. y las 10:30 p.m., cuando los colombianos buscan variedad de contenidos. La Sala sostuvo que este uso del espacio televisivo reducía las alternativas informativas y fortalecía el monopolio del discurso oficial.
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“El derecho a la información es una libertad pública esencial”, señala la sentencia. Además, recalcó que debe existir un equilibrio entre quien emite y quien recibe la información. En ese sentido, el pluralismo informativo no es una opción, sino una obligación constitucional.
El Gobierno no puede imponer su narrativa
Según el fallo, transmitir durante varias horas los consejos de ministros envía el mensaje de que no hay otra fuente válida de información. “Se vulnera el derecho cuando se cercena la posibilidad de no acceder a cierto contenido y la única opción es apagar el televisor”, advirtió el tribunal. Esto se agrava aún más al utilizar canales comunitarios o regionales, cuya misión es representar voces locales y diversas, no solo la del Ejecutivo.
La práctica también fue criticada por coincidir con el horario tradicional de los noticieros. En al menos dos ocasiones, los consejos de ministros reemplazaron la franja habitual de los informativos. Así, se desplaza contenido independiente para imponer una visión oficialista.
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Además, el Consejo de Estado ordenó al presidente Petro, a la Presidencia y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), abstenerse de repetir esta práctica. Cualquier nueva transmisión deberá ceñirse a canales públicos, sin interferir con los espacios informativos tradicionales de otros medios.
Cabe aclarar que esta decisión no impide que el Gobierno se comunique con la ciudadanía. Solo se deja claro que esa comunicación no puede hacerse a costa del derecho de los ciudadanos a una información libre, plural y equilibrada.
