El pasado 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro firmó la Resolución 152 de 2025, con la que prorrogó por dos meses la designación de 16 excomandantes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) como “gestores de paz” en el marco del “cierre del proceso de Ralito”, que fue el responsable de su desmovilización hace dos décadas.
Este equipo, encabezado por figuras como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez “Macaco”, había sido convocado para aportar verdad, avanzar en reparación a víctimas y colaborar con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Sin embargo, dos de los originalmente nombrados —Ramón Isaza y Hébert Veloza (alias “HH”)— quedarán fuera de esta extensión. Veloza ya había renunciado voluntariamente, mientras que fuentes cercanas a Isaza indican que problemas de salud y el reciente fallecimiento de su hijo, Oliverio Isaza, alias “Terror”, abatido en marzo, motivaron su decisión de no continuar.
Un poco de contexto: Exjefes paramilitares, incluidos ‘Jorge 40’, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’, fueron nombrados Gestores de Paz
Durante dos días de diálogo en Montería, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), María Gaitán, recalcó que esta mesa “no es una negociación de paz, sino el cierre de un proceso que inició hace más de 20 años”. A su vez, dos semanas antes, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recibió un compromiso público de colaborar “incansablemente” en la localización de restos y la identificación de responsables de desapariciones forzadas durante el conflicto por parte de los exjefes paramilitares.
No obstante, el mecanismo ha generado inquietudes dentro y fuera del Gobierno. Investigadores como Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, advierten sobre vacíos en la definición del rol de las víctimas en este escenario y posibles efectos en la seguridad jurídica de quienes participen en el proceso. La Oficina del Consejero Presidencial para la Paz —liderada por Otty Patiño— también habría planteado reparos por no encabezar la mesa, que depende del CNMH, lo cual desnuda tensiones internas sobre la conducción y legitimidad de estas conversaciones
Con este nuevo plazo, el Ejecutivo busca cerrar definitivamente las etapas pendientes del acuerdo de Ralito, que en su momento desmovilizó a miles de paramilitares, pero dejó asuntos sin saldar en materia de verdad y justicia. La renovación de la gestión de paz confirma la apuesta de Petro por concluir ese capítulo del conflicto, mientras persiste el debate sobre riesgos, beneficios y la adecuada participación de las víctimas en el proceso.
