La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, en el marco de las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de licitación pública para la fabricación de pasaportes colombianos.
La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo este 9 de diciembre ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Abuso de poder y desconocimiento de la Ley
Según la Fiscalía, Leyva Durán tomó decisiones “abiertamente contrarias a la ley” al intervenir de manera directa en la Licitación Pública 001 de 2023, un proceso avaluado en 599.000 millones de pesos.
El ente acusador sostiene que el excanciller “abusó de su poder” con el propósito específico de impedir la adjudicación del contrato a la oferta que ya había sido evaluada y habilitada.
Para la Fiscalía, Leyva vulneró los principios esenciales de la contratación estatal, como la transparencia, la objetividad y el equilibrio, al desconocer que la competencia para dirigir el proceso estaba legalmente en manos de la Secretaría General del Ministerio.
Lea también: Francia Márquez inicia cuarto viaje oficial a África
Contexto del escándalo y sanción disciplinaria
El escándalo estalló en septiembre de 2023, cuando Leyva expidió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación, pese a que la empresa proponente, Thomas Greg & Sons (TGS), cumplía con los requisitos. El presidente Gustavo Petro había manifestado su interés en abrir el espectro y no concentrar el millonario negocio en una sola compañía.
La Procuraduría General de la Nación ratificó en septiembre de 2025 su destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos contra Leyva, al concluir que el excanciller desconoció los principios que regulan la contratación estatal. La falta fue calificada como gravísima cometida con dolo.
Para evitar la interrupción en la expedición de pasaportes, la Cancillería declaró urgencia manifiesta y suscribió un nuevo contrato temporal con Thomas Greg & Sons. Posteriormente, el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó el contrato a TGS, revocando la decisión de Leyva, lo que derivó en la declaratoria de insubsistencia del secretario por parte del presidente Petro.
Este proceso ante la Fiscalía marca el inicio formal de una investigación penal contra el primer ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro.
Lea también: Representante Julián López bajo críticas por entrega de notaría a su padre
