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Fajardo arremete contra Petro y la Paz Total: “La seguridad no se negocia en la sombra”

El candidato presidencial cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional.

La tensión política entre Sergio Fajardo y el Gobierno Nacional aumentó tras las recientes declaraciones del exgobernador. Fajardo utilizó sus redes sociales para cuestionar la política de seguridad del presidente Gustavo Petro. El candidato afirmó que las decisiones del Ejecutivo afectan directamente a Medellín y Antioquia.

Fajardo calificó de “inaceptable” el trato del mandatario hacia la región. Según el líder político, la seguridad no debe negociarse en la sombra. Exigió transparencia y legalidad en los acercamientos con grupos criminales. Para el candidato, Colombia necesita que el Estado gobierne y no el crimen.

El pronunciamiento de Fajardo incluyó cuatro preocupaciones principales. La primera es el marco jurídico de la Paz Total. Según el candidato, se negocia bajo reglas oscuras e inconclusas. En segundo lugar, denunció que el Gobierno no habla con alcaldes ni gobernadores. Para Fajardo, excluir a los mandatarios locales es un error grave que daña los territorios.

Otra preocupación es la posible liberación de criminales. Fajardo cuestionó si estas acciones tienen fines electorales. Advirtió que enviar delincuentes a comunidades víctimas de la violencia genera miedo. Finalmente, señaló que estas decisiones afectan la relación de Colombia con Estados Unidos. Aseguró que no se puede jugar con la criminalidad frente a aliados internacionales.

Antecedentes de una relación fracturada

Las declaraciones del exgobernador ocurren en un clima de fuertes disputas regionales. El presidente Petro ha cuestionado previamente la inversión en las vías 4G de Antioquia. Incluso solicitó suspender la colecta ciudadana conocida como “la vaca” para financiar obras viales. El mandatario argumentó entonces riesgos de infiltración de dineros ilícitos.

Fajardo cerró su mensaje recordando que al actual Gobierno le restan pocos meses de mandato. Calificó las acciones recientes del Ejecutivo como irresponsables y dañinas. La controversia evidencia el choque de visiones sobre la inversión pública y el control territorial en el departamento.

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