El escándalo por la fiesta con licor y música en vivo en la cárcel de Itagüí fracturó la opinión pública. El senador Iván Cepeda calificó de “hipócritas” a los sectores que hoy denuncian el evento. Según el congresista, estos mismos grupos mantuvieron vínculos históricos con jefes de clanes criminales. Cepeda señaló que muchos de los que hoy se escandalizan no mostraron la misma postura ante el despojo de tierras o las masacres del pasado.
La respuesta del senador llega tras las fuertes críticas de la oposición, y especialmente del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Los mandatarios regionales sostienen que la parranda vallenata evidencia la permisividad gubernamental. Para Cepeda, el debate actual es impulsado por figuras que se disfrazan de “gente honorable” mientras omiten las dinámicas de violencia que beneficiaron a sus sectores políticos.
Fico Gutiérrez señala fallas en el INPEC y el Gobierno
El alcalde Federico Gutiérrez centró sus ataques en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El mandatario afirmó que la presencia del cantante Nelson Velásquez y el consumo de alcohol en el penal son un símbolo del actual Gobierno. Según Gutiérrez, bajo la administración de Gustavo Petro los “criminales están de fiesta”. El alcalde también criticó los relevos de funcionarios tras el escándalo, calificándolos como un simple intento de “quemar fusibles”.
Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón comparó lo ocurrido con los privilegios de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral. Rendón cuestionó que personas vinculadas al narcotráfico sean designadas como gestores de paz. Ante esto, los gobiernos locales de Antioquia solicitaron formalmente a Estados Unidos evaluar la extradición de los cabecillas implicados en la celebración de Itagüí.
Consecuencias en la Paz Total y el sistema carcelario
El ingreso de artistas y licores sin autorización obligó a suspender los diálogos de paz urbana con las estructuras involucradas. El hecho reactivó el debate en el Congreso sobre la Ley de Paz Total. Diversas bancadas exigen reformas urgentes para evitar que los centros de reclusión se conviertan en escenarios de impunidad. La controversia pone en duda la transparencia administrativa en el manejo de las cárceles del país.
El INPEC mantiene investigaciones abiertas para sancionar al personal de custodia responsable del ingreso de los elementos prohibidos. Mientras tanto, el choque de narrativas entre el Gobierno y la oposición local se intensifica. El caso de Itagüí dejó de ser un problema de disciplina interna para convertirse en un pulso político nacional sobre la ética en los procesos de paz.
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