El candidato presidencial Iván Cepeda anunció una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para investigar la denominada “Operación Júpiter”. Esta petición surge tras las revelaciones de la Revista Raya y Señal Colombia, que exponen un presunto plan para influir en el voto de los trabajadores. Cepeda pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo establecer si estos hechos son delitos y judicializar a los responsables de manera inmediata.
La investigación periodística señala al excanciller Jaime Bermúdez como el líder de esta estrategia. Según el informe, el plan utiliza “talleres democráticos” en empresas privadas para generar miedo e incertidumbre entre los empleados. El dossier incluye audios y videos de charlas en Cali, donde se buscaba presuntamente deslegitimar al Gobierno Nacional antes de las elecciones.
Señalamientos contra medios y organizaciones
La denuncia menciona al portal La Silla Vacía como un supuesto aliado estratégico del proyecto. Según las diapositivas reveladas, el medio aparece referenciado como una “agencia digital” que permite escalar la operación en el sector empresarial. Ante esto, Juanita León, directora del portal, aclaró que solo venden un curso técnico sobre democracia y que no realizan proselitismo político.
El informe periodístico también vincula la estrategia con el posicionamiento de la candidata Paloma Valencia. El plan buscaría influir en los trabajadores mediante narrativas críticas contra el presidente Gustavo Petro y el propio Iván Cepeda. Organizaciones como Libertank y la Unidad de Acción Vallecaucana también aparecen mencionadas como encargadas de impartir estas capacitaciones.
Posible constreñimiento electoral
La “Operación Júpiter” habría iniciado sesiones antes de las elecciones legislativas de marzo. El Ministerio del Trabajo ya recibió denuncias por un posible constreñimiento electoral relacionado con estas actividades en entornos laborales. Según la investigación, la estrategia imita tácticas usadas en el plebiscito de 2016 para movilizar votantes a través de la indignación.
Iván Cepeda enfatizó que la Fiscalía debe actuar con celeridad para proteger las garantías electorales. El candidato sostiene que no se puede permitir el uso de empresas para presionar el voto de los ciudadanos. Mientras tanto, los sectores señalados defienden la legalidad de los talleres, asegurando que se trata de educación civil y no de una operación encubierta.
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