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Sin aplazamiento: Álvaro Uribe irá a indagatoria este viernes 4 de septiembre

Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana argumentaron que no hay tiempo suficiente para controvertir la declaración de Mancuso.

La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para aplazar su indagatoria, prevista para este viernes 4 de septiembre. La decisión fue adoptada por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, encargada del proceso que investiga las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la presunta conformación del Bloque Metro de las AUC en la hacienda Guacharacas.

Con esta decisión, la diligencia se mantiene en firme para el viernes, jornada en la que el expresidente deberá comparecer ante la Fiscalía para entregar su versión sobre los hechos que se le investigan.

Por qué la defensa pidió más tiempo

La solicitud de aplazamiento fue radicada el pasado 31 de agosto por el equipo jurídico del expresidente, encabezado por el abogado Jaime Granados. Según explicó la defensa, uno de los motivos centrales era que la declaración de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar citado como testigo, estaba programada para este miércoles 2 de septiembre en Montería, dos días antes de la indagatoria de Uribe. Los abogados sostuvieron que ese margen de tiempo era insuficiente para analizar el contenido del testimonio, reunirse con su cliente y preparar la estrategia jurídica.

La defensa también argumentó que primero debería resolverse el conflicto de competencia que actualmente estudia la Corte Constitucional, sobre qué autoridad debe llevar el expediente contra el expresidente.

La respuesta de la Fiscalía

El ente investigador rechazó ambos argumentos. Según indicó, las declaraciones previas de Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz hacen parte del expediente desde febrero de 2025, y la defensa recibió la documentación relacionada con esas versiones desde agosto de ese mismo año. La Fiscalía agregó que los propios abogados de Uribe entrevistaron directamente a Mancuso en marzo de 2026 sobre los hechos que ahora se investigan.

Con esos antecedentes, la Fiscalía concluyó que mantener la diligencia para el 4 de septiembre no representa una vulneración del derecho a la defensa del expresidente.

El fondo del proceso: qué se investiga

La investigación examina la presunta responsabilidad de Uribe, por omisión o como determinador, en hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. Los delitos que se investigan son homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

El expediente reúne varios hechos: las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), ocurridas en el municipio de Ituango. También incluye el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

Valle había denunciado públicamente la presencia y actuación de grupos paramilitares en la región. Además, se investiga la presunta conformación del Bloque Metro de las AUC. Esta habría ocurrido en la hacienda Guacharacas, de propiedad del expresidente.

La defensa de Uribe ha sostenido que no existen pruebas materiales directas que lo vinculen con estos hechos y ha cuestionado la credibilidad de los testimonios de excomandantes paramilitares.

El conflicto de competencia sigue abierto

Paralelamente al tema del aplazamiento, continúa sin resolverse la disputa sobre qué autoridad debe llevar el expediente. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó asumir el caso. La Fiscalía rechazó esa solicitud y sostuvo que la Comisión no tiene competencia, debido a que los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron cuando Uribe era gobernador de Antioquia y no durante su mandato presidencial.

El conflicto quedó en manos de la Corte Constitucional, mientras la Fiscalía asegura que los términos procesales de la investigación no están suspendidos.

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La indagatoria de Álvaro Uribe se mantiene programada para este viernes 4 de septiembre. El expresidente conserva la presunción de inocencia mientras el proceso avanza, y la Corte Constitucional aún debe pronunciarse sobre el conflicto de competencia planteado por la Comisión de Acusación de la Cámara.