El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y del empresario Euclides Antonio Torres Romero. La decisión se anunció este lunes 28 de septiembre e incluye a sus familiares directos.
Según el comunicado, la medida hace parte de una política que restringe la entrada de extranjeros que, a juicio de Washington, afectan gobiernos elegidos democráticamente mediante corrupción o narcotráfico. Colombia no es el único país incluido: la política también alcanza a Bolivia, Ecuador y Perú.
La respuesta de Peralta: “no conozco los motivos”
La senadora guajira reaccionó horas después. Dijo que supo de la decisión por los medios de comunicación. “Hasta ahora no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos de esa decisión”, afirmó.
Peralta agregó que en los últimos meses ha enfrentado señalamientos y ataques en redes sociales. Pidió que esas versiones no se confundan con hechos probados. También solicitó a la Cancillería gestionar claridad sobre el caso por los canales oficiales. Y aseguró que seguirá ejerciendo su labor en el Congreso.
¿En qué se basa Washington para quitar las visas?
Para entender el asunto, hay que mirar la política detrás de la decisión. El Departamento de Estado dijo que actúa bajo compromisos contra la corrupción y el narcotráfico asumidos en la Cumbre de Doral. Esos compromisos fueron reafirmados en la declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, el 22 de septiembre.
En lo legal, la entidad citó el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. Esa norma permite negar la entrada a personas cuya presencia pueda tener consecuencias graves para la política exterior de ese país.
Según Semana, Washington ha dicho que la restricción de visas le permite actuar rápido y coordinarse con sus aliados a medida que reúne pruebas. Eso sí, una revocatoria de visa es una decisión administrativa, no una condena judicial.
Los dos colombianos hacen parte de un grupo de 15 personas sobre las que EE. UU. tomó medidas en este paquete.
Los procesos que rodean a los dos colombianos
En Colombia, la situación judicial de Peralta está en la Corte Suprema de Justicia. En mayo la Sala de Instrucción le abrió investigación y la llamó a indagatoria por su presunta participación en el caso de corrupción de la UNGRD.
En el caso de Torres, el Departamento de Estado lo describe como dueño de un conglomerado de energía, señalización vial y alumbrado público. Su nombre ha estado en el debate público por presuntos aportes a la campaña de Gustavo Petro.
