El Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name Vásquez, al considerar probado que incurrió en tráfico de influencias durante el trámite de la reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro. La decisión, adoptada este viernes por la Sala Especial de Decisión 24 del alto tribunal, se fundamentó en la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
El fallo responde a una demanda presentada por el ciudadano Juan Carlos Calderón España. La decisión se suma al proceso penal que ya mantiene detenido a Name por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Qué encontró probado el Consejo de Estado
Según la Sala, Name presidió el Senado entre 2023 y 2024 y favoreció el trámite de la reforma pensional. Para ello, habría entregado el control de sesiones plenarias clave a la entonces senadora María José Pizarro. Esto habría ocurrido, supuestamente, tras acuerdos con Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
El expediente señala que el propósito de esos acuerdos habría sido agilizar el trámite de las reformas legislativas del Gobierno Nacional, en particular la pensional, y que los recursos entregados a Name también habrían tenido como destino la campaña política de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá. Según la decisión, el dinero provino de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, a través de una gestión de Sandra Ortiz.
“Favoreció el trámite de la reforma pensional a cambio de la obtención de un provecho indebido, ajeno a la ética parlamentaria y al principio de representación democrática”, señala el fallo, que califica la conducta como “indigna de un congresista que trasgrede gravemente la moralidad pública”.
El patrón que identificó la Sala
El Consejo de Estado no encontró que la contraprestación de Name consistiera en votar a favor del proyecto, sino en ceder el control institucional de las plenarias. De 16 sesiones en las que se discutió y votó la reforma pensional entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024, el exsenador se ausentó o cedió la dirección en 14 de ellas a la senadora Pizarro. Al parecer, sin que mediara una incapacidad médica, vacancia o imposibilidad material que lo justificara. Solo en dos ocasiones su ausencia contó con excusa formal.
El fallo también contrasta el trámite de la reforma pensional con el de la reforma a la salud. Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, esta última también habría sido objeto de gestiones de Name. La reforma a la salud se estancó en el tercer debate de la Comisión Séptima y nunca llegó a la plenaria. La reforma pensional sí fue tramitada y aprobada en el Senado, durante el periodo en que Name ejercía la presidencia de esa corporación.
La defensa de Name y la posición de la Procuraduría
En el proceso, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, José Darío Castro, pidió salvar la investidura del exsenador. Consideró que no existía prueba de que Name hubiera ejercido influencia sobre Sandra Ortiz ni presión sobre López o Pinilla. También señaló que su actuación pública como legislador había sido de oposición a las iniciativas del Gobierno.
El propio Name negó haber incurrido en tráfico de influencias o haber recibido beneficios indebidos. Según su defensa, las acusaciones se sustentan únicamente en versiones entregadas por personas investigadas a través de medios de comunicación. Insistió en que su postura pública en el Congreso fue siempre de oposición a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Lea también: Olmedo López fue trasladado a la Clínica Shaio tras presentar fuerte dolor en el pecho
El Consejo de Estado, sin embargo, cuestionó esa tesis. Pues consideró que la aparente oposición de Name “disfrazaba” su conducta real como presidente del Senado, de la que se sustrajo de forma reiterada para dejar en manos de una de las principales voces del Pacto Histórico la dirección del trámite.
¿Qué significa la decisión?
Con esta sanción, Name no podrá aspirar a cargos o funciones públicas, ni contratar con el Estado. La decisión es distinta del proceso penal que se adelanta en su contra por el caso UNGRD, en el que continúa detenido y bajo investigación.
