El homicidio de Vladímir Bravo, un joven futbolista de 24 años, terminó por tensionar la ola de violencia con la que Buenaventura inició este año. Con más de 50 homicidios, el Puerto del Pacífico vive uno de los momentos más violentos en los últimos años. Temor, desolación e incertidumbre son algunos de los sentimientos que los bonaverenses describen al salir a las calles tras romperse la tregua entre Shottas y Espartanos, las dos bandas criminales más grandes que operan en el Puerto.
Al llegar al poder, el presidente Gustavo Petro prometió llevar la paz a esa ciudad. Pero hoy, casi tres años después de haber instalado la mesa de diálogos con Shottas y Espartanos, esa promesa aún no se cumple. La falta de un marco jurídico, de la voluntad de ambas bandas y cambios en la delegación del gobierno, hacen que alcanzar un acuerdo para cesar el conflicto esté cada vez más lejos.
Así, la crisis de la paz total del gobierno Petro también llegó a Buenaventura. En ese Puerto opera con fuerza el ELN, la guerrilla que le cerró la puerta a los diálogos, que ha intensificado la violencia en el país y de la cual, el Ministerio de Defensa presume que financia a las bacrim de Buenaventura. Por ahora, la voluntad de paz de Shottas y Espartanos está en duda, mientras se fragmenta el alcance de la mesa.
El laboratorio de paz total llega a Buenaventura
El 6 de septiembre del 2022, el presidente Gustavo Petro aterrizó en Buenaventura. A tan solo un mes de posesionarse en el poder, llevó la bandera de la paz al Puerto y anunció un plan de choque para tratar la violencia bajo su política de paz total. En ese entonces, los enfrentamientos entre Shottas y Espartanos, las dos bandas criminales más grandes de la ciudad, divisaban un panorama complejo para el conflicto de la ciudad.
Según Buenaventura Cómo Vamos, en solo los primeros tres meses del 2021 y 2022 se registraron 119 homicidios. Además, Buenaventura era una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. La violencia en ese Puerto se recrudeció tras la división en 2019 de la banda “La Local” en Shottas y Espartanos. Desde ese entonces, se han disputado el control territorial de la ciudad.
Los Shottas, son liderados antiguo líder de la Local, Diego Optra, y controlan las comunas 5, 7, 8, 11 y 12 del Distrito de Buenaventura, donde sobreviven a partir de la extorsión. Según cifras de Fundación Paz y Reconciliación (Pares), tiene entre 600 y 1.000 jóvenes en sus filas.
Los Espartanos son encabezados por alias “Mapaya”, quien protagonizó la disputa con Diego Optra por el control de La Local. Concentran su dominio en la zona insular de las comunas 1 a 5, con cierta presencia en la comuna 6, que comparten con la banda rival.
Con ese contexto, el 2 de octubre de 2022, un mes después de haber ido a Buenaventura, el presidente Petro volvió. Esa vez, junto a la vicepresidenta Francia Márquez. Ese día, Shottas y Espartanos acordaron un pacto de no agresión y fue simbolizado por un partido de fútbol. Esa tregua en Buenaventura dio frutos hasta diciembre de ese año, al lograr 92 días sin homicidios.
Finalmente, tras tropiezos y una primera ruptura de la tregua, en julio de ese año se instaló la mesa sociojurídica entre el gobierno Petro y ambas bandas criminales. “Teníamos un tiempo de generación de confianza como una especie de laboratorio. Ahora, ya con este espacio se oficializa un diálogo”, aseguró en ese entonces el monseñor Rubén Darío Jaramillo, arzobispo de Buenaventura.
Puede leer: Buenaventura enfrenta el mes más violento en dos años.
El silencio de los fusiles disipó el miedo al atardecer
“Antes de la tregua la vida era horrible”, dice Ghina Castrillón, analista política bonaverense y columnista de Pares. “Se profundizaron las fronteras invisibles, en algunos barrios no se podía entrar después de cierta hora. Había enfrentamientos hasta en el mismo cementerio, cuando iban a enterrar a los pelaos muertos”, agregó.
La tregua le cambió el color a Buenaventura. La zozobra, el miedo y la desconfianza dejaron de reinar la ciudad portera por un par de meses. Sin luchas territoriales, las familias que por las fronteras invisibles no podían encontrarse, abrazarse o siquiera saludarse, lograron hacerlo.
El miedo de la gente a salir de casa cuando la luna era la única luz que alumbraba Buenaventura se disipó. Los comercios, que antes cerraban sus puertas apenas el sol empezaba a ocultarse, ahora trabajaban hasta las 8 o 9 de la noche. La paz había zarpado en el puerto y en sus contenedores traía de nuevo la vida.
Los homicidios a inicios del 2022 oscilaban entre 15 y 30 al mes, cuando inició la tregua en octubre de ese año no pasaron de 5 al mes, y la mayoría no tenían que ver con las bandas. Aunque la volatilidad ha sido una carta con la que han tenido que negociar. En abril de 2023, tras la muerte alias ‘Súper’, vocero de los Shottas, la tregua se rompió y los muertos volvieron a aparecer en las calles, las cifras de homicidios llegaron a 20 casos de jóvenes al mes.
Tres meses más tarde, la tregua regresó y continuó hasta el 5 de febrero de 2025. En 19 meses, no solo cambió la sociedad bonaverense, el silencio de los fusiles le quitó 60 muertos a la guerra entre Shottas y Espartanos. Un 42% menos de homicidios se registraron durante el 2024, una cifra que no veía el puerto desde 2015, en medio de las negociaciones de paz con las extintas Farc. El hurto cayó en un 28%, y los secuestros desaparecieron por completo.
El otro lado de la tregua en Buenaventura: extorsiones y desapariciones no pararon
El cese también tuvo grises que permitieron el fortalecimiento de las estructuras criminales. Fabio Cardozo, jefe de la delegación del gobierno en la mesa, considera que hubo una lectura ‘equivocada’ que impedía que el Estado persiguiera a estos grupos en los delitos que crecían y se consolidaron a la sombra de la tregua, especialmente en la desaparición forzada. Sin embargo, durante el cese, la Fuerza Pública capturó a alias “Robert”, jefe de Los Chiquillos, una disidencia que pertenece a los Espartanos.
Según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), durante 2023 se reportaron 143 extorsiones. Pero se redujeron a 135 en 2024. Aunque los registros oficiales de la Policía no arrojan cifras de desapariciones, hasta el 2021, según Pares, hubo un total de 54 casos.
“En buenaventura toda actividad paga vacuna, desde la venta de cilantro hasta los contratistas. Una señora que vende almuerzo, tiene que darle tres al día a las bandas. Aunque hay personas que aprovechan la situación para hacerse pasar por algunos de los dos bandos sin serlo”, le dijo a CW+ una fuente cercana a la mesa que pidió su reserva para poder referirse al tema.
19 meses de tregua en Buenaventura terminan con un baño de sangre
La nueva prórroga debía acordarse antes del 5 de febrero de este año, pero no pasó. En su lugar, la zozobra inundó de nuevo al Puerto. Líderes como Leonard Rentería lo sienten al caminar por sus calles. “Todo el mundo anda intranquilo, no saben en qué lugar de la ciudad puede pasar cualquier situación”, dice.
Los habitantes sienten el confinamiento como en la pandemia, las calles están solas desde las 5 de la tarde, las universidades de Buenaventura entraron en clases virtuales, salen menos rutas de transporte. Cada dos días encuentran un joven muerto y se rompió una regla que parece llevar a un nuevo espiral de violencia a la ciudad portuaria: no meterse con la familia de los miembros de la banda.
En la madrugada del 28 de marzo, un joven de 18 años se disponía a salir de su vivienda en la comuna 12 con destino a su trabajo. Dio un par de pasos antes de que cinco balas impactaran su rostro. Brandon era ajeno al conflicto. Su único pecado fue ser hijo de alias ‘Robert’.
El cabecilla de los chiquillos, al enterarse de la noticia desde la cárcel, amenazó con atentar en contra de cualquier persona relacionada con el homicidio. “La orden es matar a los familiares de los Shottas”, dicen los mensajes del cabecilla en redes sociales. Sus intimidaciones llevaron a las autoridades a trasladarlo esta semana del centro penitenciario de Buenaventura a uno de mayor seguridad en La Dorada, Caldas.
La muerte del hijo de ‘Robert’ fue una de las aristas que intensificó el conflicto en las comunas 10 y 12. Ambas limitan con el área rural de Buenaventura, una zona donde grupos armados como el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo se pelean el control territorial y de economías ilegales.
Las dos bandas han sido señaladas de tener nexos con esos grupos. Según un informe de Pares, Los Espartanos son acusados de aliarse con el ELN y con la Segunda Marquetalia. Mientras tanto, Los Shottas presuntamente estarían relacionados con el Clan del Golfo.
Esa tesis no la descarta el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. Al finalizar un Consejo de Seguridad extraordinario por la violencia en el Puerto, el alto funcionario afirmó que ambas bacrim estarían siendo financiadas por grupos al margen de la ley con plata ilícita proveniente del narcotráfico.
Un divorcio prematuro en la mesa que comprometió la negociación
La mesa parece haberse truncado tras cambiar a la mitad de los miembros negociadores por órdenes del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Así lo confirmaron tres fuentes a CW+.
El divorcio ocurrió a mediados de 2023, tras una acalorada discusión entre Ocampo y Patiño. Ocampo le reclamó su abandono al proceso, que los negociadores trabajaran sin pago durante los primeros cinco meses del año y sobre el atraso de los 2.900 millones de pesos que el gobierno debía girar para actividades sociales en Buenaventura.
Días más tarde, sin previo aviso, la delegación fue recortada de nueve a cinco negociadores. Ocampo fue reemplazado por Fabio Cardozo, exsecretario de Paz de Cali y un hombre más cercano a Patiño. También sacaron a Luis Guillermo Pérez, de la Superintendencia de Subsidio; al monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo del Puerto; y a los empresarios de Buenaventura.
Ocampo considera que su salida se debió a un “odio político” que tiene Patiño en su contra, y señala que Cardozo no tenía la experiencia para liderar la mesa, además de contar con un plan concreto en las negociaciones.
Cardozo llegó con una nueva forma de negociar, exigiendo resultados por parte de las bandas, pero también de la Fuerza Pública. Además, tiene una visión distinta de la tregua. “Si se hace o no la tregua es un problema de ellos. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la ciudadanía”, afirmó el jefe negociador.
Si bien, antes del cambio en la mesa había tensiones entre los grupos, tres fuentes cercanas al diálogo le dijeron a CW+ que las bandas no confían en Cardozo. Sienten incomodidad en el diálogo y no ven avances, además creen que el comisionado tiene el ojo sobre otros procesos y abandonó el de Buenaventura.
Una mesa sin marco jurídico existe en medio de las tensiones
Además de los problemas maritales en la mesa, las negociaciones con las bandas criminales locales no tienen un marco jurídico sólido. Ese vacío hace que la mesa penda de un hilo y que el presidente Petro se juegue su política de paz total con las bandas criminales locales tanto de Buenaventura, como del Chocó y del Valle de Aburrá, en Antioquia.
Este marco legal es clave para poder negociar colectivamente con las diferentes bacrim. “Las bandas están dialogando en la mesa, pero como no hay una claridad sobre cómo va a ser el sometimiento colectivo, no hay forma de garantizar que ellos transiten por el proceso”, dice. Según la analista, los diálogos dependen ahora solo de la voluntad de las partes.
Desde agosto del 2024, el presidente le solicitó a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, trabajar en una ley de sometimiento para estos espacios de diálogos sociojurídicos. Sin embargo, según anunció la ministra, no será hasta finales del 2025 que radicará esta ley en el Congreso.
El anuncio de la ministra marca un panorama que frena las posibilidades para negociar con un marco legal. Al gobierno Petro se le agota el tiempo y las elecciones del 2026 cada vez se acercan más. Según explica Ariel Ávila, senador y analista político, por ahora, lo único que puede salvar esas negociaciones “es un sometimiento semicolectivo liberado por la Fiscalía, como ocurrió en la era Santos”.
“Seguramente habrá un primer uno o dos debates, pero no va a haber más porque ya no están los tiempos. Nadie va a comenzar a deliberar eso en esta crisis de seguridad”, señala Ávila. En el Congreso, la ley de sometimiento o de “perdón social” ha intentado pasar dos veces, pero no ha tenido éxito. Fue presentada por el senador de La U, Antonio Correa, pero la primera vez se hundió porque no se debatió y, la segunda, porque al gobierno le terminó de gustar.
La zozobra en la mesa de paz entre Shottas y Espartanos prima, ante un panorama incierto para el futuro de la violencia en Buenaventura. Sin embargo, para Cardozo, la falta de un marco jurídico no es decisorio para el futuro de los diálogos. “En la ley ordinaria existen prerrogativas penales que pueden en un momento dado favorecer las conversaciones que estamos adelantando”, dice.
Uno de los golpes más fuertes a Los Espartanos ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando las autoridades capturaron a 13 de sus presuntos integrantes en La Bocana, playa de Buenaventura. Los Espartanos se levantaron de la mesa en marzo del año pasado. Tal como reveló Cardozo, su vocero tiene un proceso judicial que le impide, hasta hoy, sentarse en la mesa.
Ese panorama de no garantías judiciales la han denunciado miembros de ambas bacrim y también la sienten bonaverenses, cercanos a los procesos de paz. “A nosotros nada nos garantiza que ellos vayan a cumplir lo acordado, porque a ellos nadie les garantiza que no vayan a enfrentar muchos años de cárcel por sus delitos”, asegura Rentería.
Sin embargo, según Cardozo, los líderes de ambas bandas que tienen problemas de carácter judicial le han expresado su interés en encontrar salidas por la justicia ordinaria, a cambio de aportar en la construcción de paz.
Mientras tanto, tal como confirmó Cardozo a CW+, el gobierno Petro ahora trabaja en la construcción de una política de socialización y de prevención de la violencia. Lo hace junto a la Alcaldía de Buenaventura y la Gobernación del Valle. También busca aliarse con el Comité del Paro Cívico, que tiene priorizados más de 180 acuerdos de inversión social para el Puerto. Al tiempo, busca fortalecer estrategias de seguridad con la Fuerza Pública.
En medio de este panorama, el gobierno Petro se la juega por mantener las mesas con bandas locales, en medio del recrudecimiento de la violencia y la crisis de su paz total. Por su parte, los bonaverenses esperan una salida rápida al conflicto que, hasta hoy, los ha sumido en el temor por ver el atardecer.
Le puede interesar: Buenaventura completa seis días sin homicidios.
