La noche del sábado 3 de mayo, hombres armados irrumpieron en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí (Valle del Cauca), y un niño de 11 años fue secuestrado, hijo de un comerciante local. El hecho, ocurrido alrededor de las 8:00 p.m., activó de inmediato los protocolos de seguridad de las autoridades, que desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero del menor. La comunidad reportó el suceso y alertó sobre la presencia de individuos armados, lo que permitió una rápida reacción por parte del Gaula de la Policía Nacional.
Desde el momento en que se conoció el secuestro, el Gaula Élite de la Policía asumió el caso con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. La operación también involucra a unidades del Ejército Nacional y a la Policía del Valle. Las labores en terreno incluyen patrullajes permanentes, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a los habitantes del corregimiento y monitoreo. Hasta ahora, no se ha recibido ninguna exigencia económica ni se ha confirmado el grupo responsable del hecho.
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Recompensa de 200 millones de pesos y líneas habilitadas
La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien entregue información confiable que conduzca a su rescate. Las autoridades habilitaron la línea telefónica 314 358 7212 para recibir datos de manera segura y garantizaron absoluta reserva de identidad a quienes colaboren. Además, los organismos de seguridad reiteraron el llamado a no divulgar rumores que puedan obstaculizar la investigación.
El Gaula mantiene contacto directo con los familiares del niño secuestrado en Jamundí y les ofrece acompañamiento psicosocial e institucional. El general que lidera el operativo afirmó que los secuestradores llevaron al menor hacia la parte alta de Jamundí y señaló al grupo armado Jaime Martínez como posible responsable. Aunque aún no se ha confirmado su participación, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen una búsqueda activa.
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Contexto de seguridad en Potrerito
El corregimiento de Potrerito ha sido escenario de reiterados hechos de violencia en los últimos años. Grupos armados ilegales han operado en la zona, aprovechando la difícil geografía y la limitada presencia institucional para mantener control territorial. En varias oportunidades, defensores de derechos humanos han denunciado extorsiones, amenazas y ataques contra líderes comunitarios.
Las autoridades anunciaron que reforzarán la presencia militar en Potrerito y en otras áreas rurales de Jamundí mientras se mantiene el operativo. También se adelantan acciones con la Fiscalía y entes de control para esclarecer los hechos. La comunidad fue convocada a colaborar de forma activa, con el compromiso de mantener la confidencialidad de sus aportes.
