La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave situación que enfrentan más de 4.000 personas confinadas en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La entidad exigió atención urgente del Estado para garantizar los derechos humanos de estas comunidades, muchas de las cuales apenas habían logrado retornar a su territorio tras años de desplazamiento.
Durante una visita reciente a la zona, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó el deterioro alarmante de las condiciones de vida. Junto a delegados del Acnur y la Corte Constitucional, recorrió los territorios afectados y documentó violaciones reiteradas al Derecho Internacional Humanitario. La disputa entre el ELN y el Clan del Golfo, ahora en alianza con las disidencias del Frente Jaime Martínez, ha provocado miedo, confinamiento, nuevos desplazamientos y una grave pérdida de garantías para los habitantes en el Bajo Calima.
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Retornos truncados: la violencia persigue a las comunidades
Las comunidades del Consejo Comunitario de Bajo Calima y del pueblo Wounaan habían regresado a su territorio en 2023 y 2024, luego de vivir largos periodos en albergues temporales en Cali y Buenaventura. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto armado ha obligado a muchas familias a volver al confinamiento o al desplazamiento forzado.
Entre enero y mayo de 2025, la Defensoría registró 40 eventos de confinamiento masivo y varios desplazamientos recientes, como el ocurrido en Semana Santa cuando 46 familias huyeron de la comunidad La Esperanza. A esta crisis se suman denuncias por homicidios selectivos, presencia de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, desapariciones, violencia sexual y reclutamiento forzado de menores. A pesar de las alertas tempranas, como la emitida en 2023, la institucionalidad continúa siendo insuficiente en estas zonas. Los líderes sociales trabajan bajo amenazas constantes, sin garantías efectivas de protección ni apoyo integral del Estado.
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Catatumbo también sangra: niño muere por ataque con dron
Mientras tanto, en el Catatumbo, los grupos armados siguen cobrando vidas. En la noche del 15 de mayo, un dron arrojó explosivos en la vereda 20 de julio, en Tibú, provocando la muerte de un niño de 12 años. El ataque dejó también a su madre herida, junto a cinco niños y tres adultos más.
El Frente 33 de las disidencias de las FARC, presunto autor del hecho, expresó un mensaje al “lamentar” la muerte del menor, mientras advertía a la población que no permita que sus casas sean usadas como “escudos” por actores armados. La Defensora del Pueblo condenó este pronunciamiento y denunció el irrespeto sistemático al DIH, al responsabilizar a las comunidades por los crímenes que ellas mismas padecen.
