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Valle del Cauca reclama apoyo para impulsar seguridad alimentaria

La Gobernación del Valle reitera el llamado al Ministerio de Agricultura para proyecto clave.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiteró su petición al Gobierno Nacional para que se acelere la aprobación de un proyecto regional de soberanía alimentaria, cuyo trámite lleva más de ocho meses sin una respuesta definitiva. La iniciativa, financiada con recursos propios del departamento a través del sistema de regalías, busca poner en marcha un ambicioso plan agrícola que beneficiaría a distintas zonas rurales, incluidas Jamundí y Buenaventura.

El proyecto contempla la adecuación de 700 hectáreas para cultivos productivos, de las cuales 200 estarían destinadas a fortalecer procesos comunitarios y fomentar alternativas agrícolas sostenibles. Pese a que el financiamiento ya está asegurado, la ejecución depende del aval del Ministerio de Agricultura.

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“Es urgente que se nos dé luz verde. La inversión está garantizada, pero el trámite nacional se ha convertido en un cuello de botella. No podemos seguir esperando decisiones que dependen de dinámicas políticas ajenas a nuestras necesidades territoriales”, expresó la mandataria.

Impacto en la producción y la seguridad alimentaria

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle, también se advirtió sobre las consecuencias que podría tener la demora en la aprobación del proyecto. De acuerdo con la secretaria Ángela Reyes, esta parálisis compromete el avance de programas estratégicos como el Plan Frutícola, que desde hace más de una década impulsa el desarrollo del agro en el departamento.

“Estas iniciativas no solo apoyan la economía campesina, sino que tienen un impacto directo en la seguridad alimentaria de las familias vallecaucanas. Necesitamos un compromiso real del nivel central, más allá de las promesas”, señaló Reyes.

El objetivo de fondo es convertir al Valle del Cauca en una despensa agrícola sólida, capaz de responder a los desafíos alimentarios de la región y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas productivas legales en territorios donde persisten los cultivos ilícitos. Por ahora, la administración departamental mantiene su insistencia ante el Gobierno Nacional para destrabar el proceso y comenzar cuanto antes la ejecución del proyecto.

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