Mientras el presidente Gustavo Petro celebraba el 20 de julio asegurando que “la mayoría del país está en paz”, las cifras de homicidios en el Valle del Cauca contaban otra historia. A lo largo del primer semestre de 2025, este departamento ha vuelto a posicionarse como uno de los más violentos del país, con apenas dos de sus 42 municipios libres de asesinatos, según los registros del Observatorio de Prevención y Control de la Violencia del Valle.
Aunque a nivel nacional el presidente afirmó que 662 municipios no habían reportado homicidios durante este periodo, expertos en seguridad como el coronel retirado Carlos Soler pusieron en duda esa afirmación. Para él, el dato no cuadra con los registros cruzados del Ministerio de Defensa, Medicina Legal y varios observatorios especializados. “Hablamos realmente de entre 300 y 400 municipios sin hechos violentos en 2025. No más”, indicó Soler.
La violencia no desaparece, solo se transforma
En el caso del Valle del Cauca, entre el 1 de enero y el 11 de julio, se reportaron 1.218 asesinatos. Solo El Cairo y La Victoria, ambos al norte del departamento, no han tenido homicidios durante ese tiempo. Pero incluso estas cifras deben interpretarse con cautela. Según la Secretaría de Seguridad del departamento, el hecho de que estos municipios no aparezcan en los gráficos no significa necesariamente que estén completamente libres de violencia, sino que no se han registrado casos oficialmente.
El consultor en seguridad y paz, Felipe Fernández, advierte que los indicadores deben leerse con responsabilidad. “La ausencia de homicidios no significa la ausencia de violencia estructural. Hay otras formas de violencia invisibilizadas, como el control social armado, las amenazas, el reclutamiento o la extorsión”, explicó. También resaltó que hay factores históricos y territoriales que influyen en cómo se distribuye la violencia: desde la geografía hasta la debilidad institucional, pasando por la economía ilegal.
En ese sentido, el Valle del Cauca representa una tormenta perfecta. No solo ha sido históricamente permeado por el narcotráfico, sino que su posición geográfica lo convierte en una zona estratégica para el tránsito y exportación de drogas, armas y dinero. Por eso, sostiene Soler, cinco de las ciudades del departamento, Cali, Buenaventura, Tuluá, Yumbo y Palmira, figuran entre las más violentas de América Latina.
Cali encabeza el ranking de homicidios del Valle
Entre el 1 de enero y el 20 de julio de este año, Cali ha registrado 537 homicidios, consolidándose nuevamente como el municipio con más asesinatos del país. Le siguen Palmira con 100 casos, Buenaventura con 81, Jamundí con 69, Tuluá con 45, y tanto Buga como Cartago con 41 cada uno.
Estas cifras, indican los analistas, no se explican únicamente por el narcotráfico. También están asociadas al microtráfico, la delincuencia común, las disputas territoriales y el debilitamiento de la presencia estatal. “Casi el 98% de los municipios del Valle tienen algún nivel de violencia estructural”, asegura Soler. A su juicio, no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con raíces profundas: bandas con control territorial, rentas ilegales, redes de microtráfico y otras actividades ilícitas que provocan enfrentamientos constantes.
Fernández coincide. Para él, los homicidios tienden a concentrarse en zonas urbanas estratégicas, donde se disputan el control de rentas ilegales y corredores logísticos. “Lo que vemos no es simplemente una ola de crímenes. Es un reacomodo de poder entre estructuras criminales, disidencias de las FARC, ELN y bandas locales que compiten por dominar economías ilegales”, explicó.
El reto: no normalizar la violencia en cifras
Aunque 22 municipios del Valle del Cauca han registrado menos de diez homicidios cada uno en lo corrido del año, los expertos coinciden en que las cifras no deben usarse para minimizar la problemática. Detrás de cada número hay contextos locales complejos, donde el miedo, la extorsión o la omisión estatal también juegan un papel importante.
“El hecho de que un territorio tenga pocos homicidios no implica que haya paz. A veces lo que hay es silencio por miedo o una forma de control más sofisticada”, advirtió Fernández.
Ambos consultores coinciden en que el enfoque debe ir más allá de contar muertos. Se necesita un análisis más profundo y territorializado, que permita intervenir en las causas reales de la violencia: pobreza, falta de oportunidades, educación rezagada, y sobre todo, la ausencia de Estado en zonas donde los grupos armados se han vuelto la autoridad de facto.
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Mientras tanto, y a pesar del discurso optimista del Gobierno Nacional, los datos del Valle del Cauca muestran que la paz no se mide solo por cuántos no matan, sino por cuántos pueden vivir con dignidad y sin miedo.
