Tras la decisión del Consejo de Estado de anular la ordenanza que en 2016 permitió el cobro de la Tasa Especial de Seguridad en el Valle del Cauca, la Gobernación del Valle del Cauca aclaró que dicha medida no afecta el esquema actual de recaudo, que se fundamenta en una normativa distinta y vigente.
De acuerdo con la administración departamental, el cobro actual se basa en la Ordenanza 692 de 2025, aprobada por la Asamblea del Valle del Cauca, y sustentada en la Ley 2272 de 2022, la cual faculta a los departamentos para establecer contribuciones destinadas a financiar programas de seguridad y convivencia ciudadana.
“El fallo hace referencia a la primera ordenanza expedida en 2016, que ya había sido derogada y reemplazada por normas posteriores”, señaló la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. En ese sentido, el pronunciamiento del alto tribunal no compromete la legalidad ni la continuidad del recaudo actual.
La Ley 2272 de 2022, avalada previamente por la Corte Constitucional, otorga respaldo jurídico a este tipo de tasas especiales. Según el Gobierno departamental, la nueva ordenanza cumple con los principios de legalidad tributaria exigidos por la legislación colombiana, por lo que el cobro sigue siendo válido y exigible.
La Gobernación indicó además que no existe sentencia judicial en contra de la normativa vigente, y que la decisión del Consejo de Estado se refiere a un marco normativo que dejó de aplicarse años atrás.
Destinación de los recursos
La Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla un porcentaje adicional en las facturas de energía eléctrica para los usuarios residenciales de estratos 4 (1 %), 5 y 6 (2 %), así como para sectores industriales y comerciales (1,7 %). Los recursos recaudados se destinan a programas de apoyo a la Fuerza Pública, fortalecimiento institucional y estrategias de prevención en el departamento.
Desde la Gobernación se reiteró que estos ingresos forman parte de un fondo de seguridad que tiene como objetivo principal atender las necesidades de orden público y convivencia en los municipios del Valle del Cauca.
El pronunciamiento oficial también precisó que la Asamblea Departamental actuó conforme al marco legal vigente al aprobar la ordenanza actual, y que no se han emitido decisiones judiciales que cuestionen su validez.
En ese contexto, la Gobernación confirmó que el cobro continuará realizándose en las condiciones previstas, y que los recursos seguirán siendo dirigidos a las iniciativas previstas por la administración departamental en materia de seguridad.
