Una grave situación vive la comunidad educativa de Buenaventura, donde más de 43.000 estudiantes de colegios oficiales permanecen sin recibir alimentación escolar. El Plan de Alimentación Escolar (PAE) quedó suspendido tras agotar los recursos asignados, situación que preocupa a padres de familia, docentes y autoridades locales.
Según explicó Joaquín Orobio, secretario de Etnoeducación del distrito, la financiación inicial estaba prevista hasta el 16 de junio. Sin embargo, gracias a la redistribución de días no ejecutados por la suspensión de clases, se logró extender el servicio hasta el pasado 4 de agosto. Desde entonces, el suministro de alimentos está detenido.
“Estamos a la espera de que se asignen los recursos correspondientes para el segundo contrato, lo que permitiría garantizar el servicio hasta la finalización del calendario escolar en noviembre”, afirmó Orobio.
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El funcionario señaló que ya se elevó la solicitud formal a la Unidad Administrativa Especial y se hizo un llamado a organismos de control como la Procuraduría, Personería, Contraloría y Defensoría del Pueblo para que acompañen la gestión y velen por el derecho a la alimentación de los estudiantes.
En este momento, las instituciones educativas permanecen a la expectativa de una pronta solución que permita reactivar el PAE y evitar que miles de menores sigan viéndose afectados en su desarrollo académico y nutricional.
ICBF vigilará pacto en Buenaventura para no usar menores en el conflicto
En una apuesta por consolidar la paz urbana y proteger a la niñez bonaverense, el Gobierno Nacional y organizaciones sociales reforzaron el acuerdo alcanzado entre los grupos armados “Shottas” y “Espartanos” para excluir a menores de edad de cualquier participación en el conflicto local. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) liderará el mecanismo de monitoreo que verificará el cumplimiento de este compromiso.
Durante el foro “Un pacto por la niñez de Buenaventura”, niñas, niños, adolescentes y jóvenes entregaron un manifiesto a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en el que exigieron respeto por sus vidas y derechos, al tiempo que pidieron acciones concretas al Estado para transformar su realidad y alejarlos de la violencia.
El acuerdo, sellado en marzo de 2025 en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico para la Paz Urbana, prohíbe la vinculación de menores a negocios ilegales o acciones armadas. Para garantizar su cumplimiento, se creó una alianza compuesta por el ICBF, la Iglesia, la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA, la Red de Universidades por la Paz y entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.
