En respuesta a las denuncias de extorsión que afectan a la comunidad campesina de Jamundí, la Gobernación del Valle del Cauca confirmó que asumirá el mantenimiento de la vía que comunica el sector de El Descanso con el corregimiento de San Antonio. Según los reportes, las disidencias de las Farc exigían a los habitantes un pago obligatorio para permitir la construcción y el arreglo de este corredor rural.
La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que la intervención estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura departamental, la cual trabajará en el tramo San Antonio – Villacolombia con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y evitar que la población continúe siendo blanco de cobros ilegales.
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“Así como lo hicimos en Ampudia y Villacolombia, vamos a arreglar esta vía terciaria para que sirva al progreso y no a la ilegalidad. Queremos que la comunidad tenga mejores condiciones de vida y conectividad, y por eso, junto con la alcaldesa, pondremos la maquinaria y el trabajo necesarios para mejorar la comunicación entre El Descanso y San Antonio”, afirmó Toro.
La mandataria departamental también instó a los habitantes a no ceder ante las exigencias de los grupos armados y a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión. Recordó que este tipo de situaciones ya se han presentado en la región, como en un caso anterior en el que pedían $50.000 para permitir el tránsito por otra vía rural.
Con la ejecución de las obras, las autoridades esperan garantizar la libre movilidad, reactivar la economía agrícola de la zona y fortalecer la presencia institucional en los territorios afectados por la violencia.
Disidencias de las Farc extorsionan a campesinos de Jamundí
La tranquilidad en San Antonio, corregimiento rural de Jamundí, Valle del Cauca, se ha visto alterada por una denuncia que preocupa a las autoridades: presuntas disidencias de las Farc estarían obligando a los campesinos de la zona a pagar sumas de hasta $500.000 para financiar la construcción de una carretera no autorizada, que, según se teme, estaría destinada a facilitar actividades ilegales en la región.
La vía, que conecta a San Antonio con La Pradera y que las disidencias pretenden extender hasta Villa Colombia, ha sido bautizada por los mismos grupos armados como “Marco Fidel Suárez”. Según los testimonios recogidos, el objetivo sería evitar los controles policiales y militares presentes en la vía oficial, lo que permitiría al grupo armado moverse con mayor libertad en actividades como el narcotráfico o el transporte de armas.
“Están pidiendo el dinero como si fuera un impuesto obligatorio, hasta con boletas para una supuesta rifa. Nos convocaron a una reunión y van a leer en público quiénes han pagado y quiénes no”, relató una habitante de la zona, que pidió anonimato por seguridad.
