El representante a la Cámara del Valle por el Partido Verde, Duvalier Sánchez, denunció que la Fundación Universidad del Valle, entidad mixta sin ánimo de lucro, tendría presuntas irregularidades en contratos por un total de 9 mil millones de pesos. A su vez, 16 informes de control graves. Lo hizo con base en una investigación que hizo junto a su equipo, así como en hallazgos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Una auditoría del DNP, entre marzo de 2024 y febrero de 2025 a 14 proyectos de la Fundación Univalle, encontró varias inconsistencias. La Fundación se creó en 1992 por la Universidad del Valle —la pública más importante del suroccidente—, la Gobernación del Valle y entidades privadas. A su vez, actúa como un brazo operativo de la institución, así como del gobierno departamental.
Según la investigación hecha por el congresista, en los últimos diez años ha ejecutado 109 proyectos por más de 865 mil millones de pesos, con 975 contratos derivados. Estos fueron financiados con recursos de las regalías. El Valle le ha asignado 60 proyectos por más de 447 mil millones de pesos. Así mismo, la Fundación es una de las entidades con el mayor número de contratos celebrados con la Gobernación del Valle entre 2020 y mayo de 2025.
La contradicción en el manual de contratación de la Fundación, según la denuncia
El manual de contratación de la Fundación Universidad del Valle establece que cuando se trata de recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), la entidad solo puede actuar como ejecutora si lo dispone un acto administrativo de la entidad competente.
Sin embargo, la Ley 2056 de 2020 establece que cualquier ejecutor de proyectos del SGR debe aplicar las reglas de la contratación pública, es decir, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Esto significa que, aunque la Fundación tenga un régimen de derecho privado, cuando se trata de recursos del SGR, debe prevalecer el derecho público, lo cual contradice su manual de contratación.
La investigación señala que, si bien la Fundación se rige por sus propias reglas, cuando se manejan recursos de regalías, debería regirse por la Ley 80, por lo que su banco de proveedores no debería existir en los procesos contractuales de regalías. Tal como argumenta la denuncia, la Fundación no entregó la lista de proveedores porque, según dice, no es contratación estatal.
Otras presuntas irregularidades en la Fundación UV
Carlos Alberto Medina Betancourth firmó 14 contratos con la Fundación por un valor total de más de 15 mil millones de pesos, 12 de ellos después de haber sido formalmente imputado en 2019 por celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. Nueve de estos contratos eran para interventorías.
También la Fundación adjudicó un contrato por casi 15 mil millones de pesos al Consorcio Mejoramiento Vías del Valle en 2021 para el mejoramiento de vías terciarias. Según la denuncia, a pesar de haberse girado el 84% del dinero, las obras están incompletas y han sufrido 11 suspensiones y 6 prórrogas. La Contraloría ha encontrado deficiencias y abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 53 millones de pesos contra el consorcio.
La denuncia también señala que la Corporación Sujetos Colectivos, cuyo apoderado sería Carlos Mejía Mosquera, recibió 15 contratos por más de 3.2 mil millones de pesos entre 2017 y 2022, 11 de los cuales eran para interventoría. La Procuraduría Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR abrió una investigación disciplinaria en octubre de 2023 contra Mosquera y pidió pruebas a la Fundación para determinar presuntas irregularidades.
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