La situación de orden público en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, se torna cada vez más crítica, especialmente para los docentes que cumplen su labor en medio de amenazas de grupos armados. Durante los últimos días, varios profesores se han visto obligados a abandonar sus puestos de trabajo, desplazándose hacia el casco urbano con el fin de salvaguardar sus vidas, dejando en suspenso las jornadas académicas de cientos de estudiantes.
Los maestros aseguran que se han convertido en blanco de intimidaciones, presiones y extorsiones, hechos que los han forzado a renunciar a sus responsabilidades en las comunidades más apartadas. “Docentes amenazados, docentes extorsionados, docentes que se han tenido que desplazar de la zona rural a la zona urbana por temas de amenaza. En ese sentido, es que hacemos el llamado a los grupos armados ilegales a que nos saquen a nosotros, nosotros los maestros”, declaró Víctor Murillo, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sutev).
El inicio de la semana escolar se ha visto interrumpido para numerosos niños y niñas, quienes ahora carecen de clases debido a la ausencia de sus profesores. Murillo enfatizó que en muchos casos los docentes son la única presencia del Estado en estas comunidades, lo que convierte su labor en un objetivo de presión por parte de actores armados ilegales. Ante este panorama, estudiantes y maestros han anunciado la posibilidad de realizar marchas y protestas para exigir que cesen las intimidaciones y se garantice el derecho a la educación.
Llamado urgente
El sindicato de educadores pidió a las autoridades municipales, departamentales y nacionales implementar medidas de protección que permitan a los docentes continuar con sus funciones en los territorios rurales. Según Murillo, se requiere un esfuerzo articulado del Estado para enfrentar la problemática, pues la falta de seguridad impide el desarrollo de la enseñanza y afecta directamente a las comunidades más vulnerables del litoral pacífico.
Desde 2019, la Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo que enfrentan los habitantes de Buenaventura por la presencia de grupos armados ilegales. En uno de los informes se advirtió que las comunidades rurales estaban expuestas a violaciones de derechos humanos, así como a infracciones del derecho internacional humanitario, debido al accionar de organizaciones como las disidencias de las Farc, el ELN y estructuras locales conocidas como ‘La Local’ y ‘La Empresa’.
La violencia en el puerto no da tregua, y los embates del conflicto armado continúan afectando tanto al casco urbano como a la zona rural. En ese contexto, la comunidad educativa reclama garantías mínimas que permitan a los maestros ejercer su labor sin miedo, evitando que los estudiantes pierdan la oportunidad de acceder a la educación. Las autoridades tienen ahora la responsabilidad de atender de manera inmediata una situación que amenaza con dejar a cientos de niños sin clases y sin futuro académico.
