La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas de riesgo en el Valle del Cauca al emitir la Alerta Temprana 011-2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar. Según explicó la defensora nacional, Iris Marín, durante su visita a Cali, la región vive un repunte crítico de violencia que amenaza de forma directa a la población civil. La funcionaria señaló que la confrontación entre grupos armados ilegales no solo afecta al suroccidente del país, sino que se ha extendido con fuerza al corazón del Valle.
El informe identifica la disputa por el control del cañón de Garrapatas como uno de los principales focos de riesgo. Este territorio, clave por su ubicación estratégica, enfrenta la presión de varios actores armados: el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central con el frente Jaime Martínez y los Rastrojos Nueva Generación, grupo que se reconfiguró en 2025 tras haber surgido de las Autodefensas Unidas de Colombia.
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Riesgos para las comunidades y líderes sociales
La Defensoría advirtió que los enfrentamientos y alianzas entre estas estructuras criminales desencadenan graves consecuencias para los habitantes de la zona. Entre los riesgos más urgentes se encuentran desplazamientos masivos, reclutamiento forzado de menores y amenazas contra líderes sociales que defienden los derechos de sus comunidades. Según Marín, las mujeres campesinas, las juventudes y los liderazgos locales se han convertido en blanco de violencia sexual, extorsiones y presiones para vincularse a estas organizaciones ilegales.
La alerta también advierte sobre el impacto en el ámbito educativo, principalmente en las zonas rurales. El cierre de escuelas, el temor de los docentes y la posibilidad de que los niños y adolescentes sean reclutados comprometen el derecho fundamental a la educación. Este escenario aumenta la vulnerabilidad de las familias campesinas que ya padecen las consecuencias del conflicto armado.
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Medidas urgentes y zonas críticas
El documento oficial no solo expone el panorama de riesgo, sino que plantea 14 recomendaciones a las autoridades para contrarrestar la amenaza. Estas acciones incluyen fortalecer la presencia de la fuerza pública, articular respuestas entre entidades civiles y diseñar estrategias que garanticen protección a la población en riesgo. La Defensoría insistió en que la coordinación interinstitucional es clave para prevenir que la violencia escale aún más.
En el caso de Riofrío, el riesgo se concentra en su cabecera municipal y dos corregimientos; en Bolívar, la situación afecta a nueve corregimientos y un resguardo indígena. Mientras que en Trujillo la amenaza se extiende a 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas. Con este panorama, la Defensoría remarcó que las autoridades deben actuar con rapidez, ya que los grupos armados utilizan métodos cada vez más violentos.
