Grupos armados ilegales imponen desde hace dos semanas un toque de queda no oficial en varios barrios de Buenaventura, según denuncian los habitantes. Residentes de las comunas 9, 10 y 12 aseguran que deben permanecer en sus hogares después de las seis de la tarde, ante amenazas directas de delincuentes que han distribuido panfletos intimidatorios.
Mientras tanto, la Policía de Buenaventura mantiene patrullajes nocturnos y afirma que no existen pruebas de un toque de queda forzado. El comandante del Distrito Especial de Policía, coronel Gustavo Adolfo Chaparro, aseguró que no se ha confirmado la imposición de restricciones en los sectores mencionados, lo que genera contradicciones con la percepción de la comunidad.
Pero líderes comunitarios contradicen la versión oficial. Fresney Bonilla, miembro de la Fundación Étnica y Cultural en Defensa de los Derechos Humanos, indicó que barrios como Unión de Vivienda, El Caldas, Nuevo Horizonte y El Progreso sí han recibido instrucciones de los grupos criminales de no salir después de las seis de la tarde.
“Resulta lamentable que la Policía diga que no tiene conocimiento. La comunidad recibió panfletos en los que se advertía que debían permanecer en casa y que los delincuentes no responderían por lo que ocurriera fuera del horario establecido”, explicó Bonilla, enfatizando el impacto sobre la población.
Desplazamiento y temor entre los habitantes
El mediador de derechos humanos señaló que varias familias han abandonado sus viviendas por temor a la violencia. En el barrio Unión de Vivienda, más de 90 casas permanecen desocupadas y se han registrado 16 homicidios este año, lo que evidencia la gravedad de la situación y el riesgo constante que enfrentan los vecinos.
“Es contradictorio que las autoridades digan que la comunidad no está sometida a un toque de queda, cuando los hechos reflejan la realidad de los barrios afectados”, agregó Bonilla.
Los líderes comunitarios hicieron un llamado a las autoridades locales para que adopten medidas concretas que garanticen la seguridad de los ciudadanos y frenen la imposición de normas por parte de delincuentes. La comunidad insiste en que no puede seguir viviendo bajo amenazas mientras sus derechos fundamentales son ignorados.
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La situación en Buenaventura evidencia la necesidad de mayor coordinación entre las autoridades y la población, así como la implementación de estrategias efectivas que devuelvan la tranquilidad a los barrios afectados por la violencia.
