La problemática de los cultivos ilícitos en el Valle del Cauca vuelve a ocupar la agenda nacional. Según el personero de Cali, Gerardo Mendoza, en el municipio de Jamundí se ha identificado una preocupante expansión de áreas sembradas con coca, que alcanzarían aproximadamente 1.700 hectáreas. El funcionario advirtió que la falta de presencia y control del Estado ha permitido que estos enclaves crezcan, generando riesgos tanto para las comunidades rurales como para la seguridad en la región.
Mendoza apoyó la decisión del Gobierno Nacional de retomar la aspersión aérea con glifosato como parte de la estrategia contra los cultivos ilícitos. No obstante, subrayó que este método debe aplicarse únicamente de manera momentánea, mientras se impulsan políticas que devuelvan al campo su vocación agraria y brinden oportunidades de desarrollo a los campesinos. “El Estado debe llegar con seguridad y propuestas distintas a las que la criminalidad quiere imponer en los territorios”, le puntualizó a 90 Minutos.
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El personero enfatizó que la solución no puede limitarse a la erradicación, sino que debe ir acompañada de proyectos productivos sostenibles que permitan transformar la economía rural. De lo contrario, advirtió, la comunidad seguirá atrapada entre la ilegalidad y la vulnerabilidad social.
La postura de la Gobernación del Valle
En medio de este debate, la gobernadora Dilian Francisca Toro expresó su respaldo a la reactivación del glifosato, incluso a través de pilotos con drones, aunque insistió en que la erradicación debe ir de la mano con alternativas de ingreso para los agricultores. Según explicó, Jamundí concentra alrededor de 2.000 hectáreas de coca, lo que convierte al municipio en un territorio estratégico para implementar un plan integral.
Toro recalcó que las medidas deben apuntar a reducir la influencia de los grupos armados que operan en la zona, al tiempo que se impulsa la sustitución voluntaria y la economía lícita. “Es indispensable garantizar opciones productivas estables que permitan a los campesinos abandonar definitivamente la siembra de coca”, señaló.
La discusión sobre el uso del glifosato continúa abierta, mientras crecen las voces que reclaman al Estado una presencia más efectiva para enfrentar la expansión de los cultivos ilícitos y mitigar el impacto de la economía ilegal en el Valle del Cauca.
