La Administración Municipal de Tuluá informó que continuará vigente el toque de queda para menores de edad en toda la jurisdicción, tanto en la zona urbana como en la rural. La medida se aplicará hasta el 15 de septiembre de 2025, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
De acuerdo con las autoridades, esta disposición se enmarca en un plan de seguridad preventiva que busca reducir los riesgos de hechos violentos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, con especial énfasis en la protección de niños y adolescentes.
También puede leer: Alarma en Buenaventura: crece la violencia y temen el regreso de las ‘casas de pique’
Además del toque de queda, el decreto establece la prohibición de organizar o participar en piques ilegales de motocicletas, cuatrimotos, triciclos y automóviles en todo el municipio. También se restringió la venta de combustible para motocicletas y vehículos similares desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., y se prohibió la comercialización de gasolina en recipientes durante las 24 horas del día, hasta el 30 de septiembre de este año.
Estas restricciones tendrán excepciones para empresas agroindustriales autorizadas, la Fuerza Pública, organismos de socorro, domiciliarios y mensajeros acreditados.
Más control en las calles
El secretario de Gobierno, Martín Hincapié, explicó que las medidas buscan principalmente la prevención y la garantía de derechos. “Un menor encontrado en la calle será trasladado a la Comisaría de Familia por la Policía de Infancia y Adolescencia, y se iniciarán las sanciones correspondientes a sus padres o acudientes”, señaló.
En cuanto al combustible, precisó que el suministro será exclusivamente para el tanqueo directo de vehículos, con excepciones controladas para el sector agrícola. Según el funcionario, este control busca evitar el uso indebido de la gasolina en actividades delictivas o que alteren el orden público.
La Alcaldía advirtió que quienes incumplan estas disposiciones enfrentarán sanciones legales que incluyen la inmovilización de vehículos, comparendos policiales y medidas correctivas para adultos responsables o establecimientos que infrinjan las normas.