Líderes indígenas del Valle del Cauca alzaron su voz para denunciar el aumento de amenazas, hostigamientos y ataques por parte de grupos armados ilegales. Según voceros del Consejo de Gobierno propio del pueblo Nasa, las disidencias de las Farc se han convertido en un actor de violencia que vulnera los derechos humanos en zonas rurales y montañosas del departamento. Municipios como Florida, Pradera, Cali y Jamundí enfrentan una situación crítica debido a la presencia de estructuras como las columnas “Dagoberto Ramos” y el frente 57 “Yair Bermúdez”, que han desplegado acciones de intimidación y enfrentamientos armados.
Los líderes alertaron que la crisis no solo afecta a la población indígena, sino también a campesinos, autoridades locales y civiles en general. En los últimos meses se han registrado asesinatos, amenazas mediante panfletos y episodios de violencia que han sembrado miedo en la región. El escenario, señalaron, no solo responde al control territorial de los grupos ilegales, sino también a la estigmatización social que agrava el clima de inseguridad en estas comunidades.
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Impacto en la vida civil y denuncias de líderes
De acuerdo con Jhon Anderson Ipía, coordinador político del Consejo Nasa, la situación ha creado un ambiente de inestabilidad que repercute directamente en la vida de la población civil. El líder explicó que la serie de homicidios y enfrentamientos entre los grupos ilegales ha puesto en riesgo a campesinos, indígenas y funcionarios locales. Incluso recordó que en Pradera fue atacado el secretario de Gobierno, hecho que refleja la magnitud de la crisis.
Los voceros indígenas recalcaron que su llamado busca detener la estigmatización y exigir respeto por la vida. “Los civiles somos ajenos al conflicto armado y no podemos seguir siendo blanco de amenazas ni asesinatos”, expresó Ipía. La denuncia se enmarca en un escenario en el que la violencia se ha extendido a múltiples sectores sociales, dejando una huella de temor que dificulta los procesos comunitarios y organizativos en la región.
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Exigencias al Gobierno y alertas institucionales
Las comunidades exigieron al Gobierno Nacional que implemente medidas concretas de protección y promueva inversión social en los territorios afectados. Para los líderes indígenas, la seguridad debe ir acompañada de programas de desarrollo que fortalezcan las estructuras comunitarias y ofrezcan alternativas al abandono estatal. Aseguraron que sin garantías en materia de derechos humanos y oportunidades económicas, la violencia seguirá escalando en los municipios del suroriente del Valle.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia para Florida y Pradera. La entidad advirtió que la confrontación entre dos grupos armados ilegales configura un escenario mixto entre consolidación y disputa territorial. Este diagnóstico coincide con las denuncias de los líderes indígenas, quienes reiteran la urgencia de que el Estado actúe de manera decidida para frenar la vulneración de derechos y garantizar la vida de miles de familias en el departamento.
