La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, exigió una investigación exhaustiva sobre las llamadas IPS “fantasmas” que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) detectó en el departamento. La mandataria calificó la situación como un engaño tanto al sistema de salud como a los pacientes que esperan recibir atención de calidad.
Toro aseguró que estas prácticas fraudulentas encarecen el sistema y deterioran el acceso a servicios médicos eficientes. Según la gobernadora, el Estado y los ciudadanos pagan por una atención que no se presta de manera real ni cumple con los estándares de calidad, lo que representa una burla a quienes dependen del sistema.
Le puede interesar: Blue y Martín, los delfines que recogen plásticos en Santa Marta
Llamado a las autoridades de control y secretarías de salud
La mandataria vallecaucana pidió a las secretarías de salud tomar acciones inmediatas para verificar en qué condiciones operan estas entidades y determinar cómo lograron acceder a recursos sin cumplir con los requisitos legales. Insistió en que las investigaciones deben identificar si las IPS señaladas contaban con certificaciones válidas y quién permitió su funcionamiento.
En ese sentido, Toro fue enfática al señalar que estas irregularidades no pueden quedar impunes, pues atentan contra la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud. Además, destacó que resulta indispensable aplicar sanciones ejemplares para garantizar que no se repitan situaciones similares en el futuro.
Lea también: Cali epicentro del turismo con macrorueda de negocios
Redes de corrupción detrás de las irregularidades
La gobernadora advirtió que detrás de las IPS “fantasmas” podrían existir redes de corrupción que facilitan su permanencia en el sistema. A su juicio, resulta probable que haya entidades o particulares que encubren estos actos fraudulentos con el fin de obtener beneficios económicos a costa de los pacientes y del erario público.
Por ello, instó a los organismos de control a identificar a los propietarios de las IPS implicadas y a establecer sus conexiones con otros actores del sector. “Debemos proteger la salud de la ciudadanía y garantizar un servicio eficiente y transparente”, afirmó Toro, al remarcar que este tipo de fraudes constituyen un atentado contra la vida y la dignidad de quienes requieren atención médica.