La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó los resultados de la llamada Paz Total y advirtió que este proceso terminó favoreciendo a los grupos armados ilegales. Según la mandataria, el fin del cese al fuego evidenció el fortalecimiento de estructuras criminales que hoy ejecutan atentados terroristas. Frente a este escenario, la Tasa de Seguridad se consolidó como un instrumento indispensable para garantizar recursos a las Fuerzas Armadas.
Desde su creación en 2017, este mecanismo de financiamiento ha permitido inyectar más de 212 mil millones de pesos en la lucha contra el crimen. Los aportes de los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores industrial, comercial y especial, sostienen programas de inteligencia preventiva, compra de equipos y operativos en municipios como Jamundí, Tuluá, Cartago y Buenaventura. Estos recursos, según la gobernadora, suplen la falta de apoyo nacional y permiten que las fuerzas públicas cuenten con capacidades para enfrentar la violencia.
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Resultados visibles en seguridad y control territorial
La Gobernación del Valle ha fortalecido a la Fuerza Pública con dotaciones, tecnología y herramientas estratégicas adquiridas con la Tasa de Seguridad. La inversión se refleja en 300 motocicletas, 38 vehículos, 131 cámaras con sistemas de reconocimiento de placas, 950 chalecos antibalas y 85 equipos de geolocalización. También se destinaron recursos a la compra de sistemas antidrones, con los que se han frustrado 28 ataques entre 2024 y 2025.
Los beneficios también se extienden a las comunidades. La seguridad en corredores viales cuenta con presencia combinada de Policía, Ejército y Armada en 17 puntos estratégicos, lo que permitió la incautación de más de 996 kilos de clorhidrato de coca y 16.378 kilos de marihuana. Adicionalmente, se han registrado 515 capturas en el marco de esta estrategia. Según la mandataria, estas acciones generan confianza en la población y brindan protección a sectores productivos y comerciales blanco de extorsiones y desplazamientos forzados.
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Más allá de la infraestructura: inversión social y prevención
La Gobernación no solo ha invertido en equipos, sino también en programas sociales ligados a la seguridad. Con el proyecto Fuerza Joven por el Valle, 2.000 jóvenes se incorporaron al servicio militar con incentivos económicos y acompañamiento integral, lo que busca reducir la vulnerabilidad frente al reclutamiento ilegal. Además, los recursos han respaldado a la Fuerza Pública en coyunturas críticas como la pandemia y el estallido social, garantizando alimentación y condiciones adecuadas para los uniformados.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), con sede en Buga, representa otro ejemplo del alcance de esta política. Desde allí se monitorean en tiempo real 29 municipios del departamento, coordinando acciones con cámaras y sistemas de vigilancia de última tecnología. Para la gobernadora Toro, estas inversiones significan una apuesta directa por la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y la consolidación de un Valle del Cauca más seguro.
