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Dilian contra gobierno Petro: se agita el debate de seguridad en el Valle

La gobernadora Dilian F. Toro plantea desafíos en seguridad al gobierno Petro. "Cuando la Nación falle, el Valle responde", aseveró.

Una columna de opinión de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, agitó el debate alrededor de la seguridad en el departamento. “Cuando la Nación falla, el Valle responde”, escribió la mandataria en pullas al gobierno de Gustavo Petro, con el que ha tenido tensiones en el último año. Hasta septiembre de 2025, el departamento había registrado 1,685 homicidios. 

Las declaraciones de la gobernadora se dieron un día antes del debate de seguridad en la Asamblea del Valle, citado por los diputados Rafael Rodríguez (Centro Democrático) y Óscar Neira (Partido Verde). También, en medio de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2026, el cual tuvo una reducción a la seguridad. 

Este contexto, sumado a la crisis de la política de Paz Total del gobierno, ha polarizado el debate público sobre seguridad en el Valle. Mientras la Gobernación y aliados a la mandataria culpan al gobierno, del otro lado buscan responsabilidades en el mandato departamental. Además, en la esfera surge la discusión alrededor de las competencias y alcances del Valle y de la Nación en materia de seguridad. 

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Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro han llevado una relación de tensiones. Han peleado por la caída de la consulta popular por la reforma laboral, por el fracaso de la reforma a la salud y por proyectos estratégicos para el Valle, como el Tren de Cercanías. Petro la ha acusado de “traicionar” los acuerdos pactados con el Partido de La U en su gobierno, así como influir en la caída de sus iniciativas. Toro ha negado todas las acusaciones.

En el centro, también han estado las tensiones por la seguridad. La mandataria ha sido crítica de la política de Paz Total. “Paz total no hay. Desafortunadamente, los disidentes y el ELN lo tomaron como una forma para fortalecerse”, aseguró Toro en febrero de este año. Además, aseguró que el Valle necesitaba de ayuda integral para que el departamento no se convirtiera en un “nuevo Catatumbo”. 

Las críticas a la Paz Total por parte de Toro han sido constantes. Por eso, ha insistido en contrarrestar la ofensiva de los grupos armados que, según un informe de Reuters Latam, aumentaron en un 45% sus integrantes y extendieron su control territorial en los últimos tres años. Además, tal como reseña ese informe, en el último año, los grupos armados ilegales aumentaron en 1.469. 

En medio de esta atmósfera de inseguridad, Cali y Jamundí han sido epicentro de la violencia, con 12 y diez atentados terroristas en 2025, según datos de la Policía. Además, la capital valluna registra más de 800 homicidios. Sin embargo, los hurtos a personas han bajado en un 23,1% con 17.243 casos hasta septiembre, frente a los 22.433 registrados en el mismo periodo de 2024. 

En junio, tras la oleada de atentados terroristas en Cali, Cauca y Jamundí, hubo un consejo de seguridad con el presidente Petro; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la gobernadora Dilian Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.  En ese entonces, Toro aseguró “no estar tranquila” tras la reunión. Dos meses más tarde, hubo una explosión en la Base Aérea, que dejó seis muertos y más de 70 heridos. En ese entonces, Petro ordenó ofensiva militar. 

El gobierno destinó $4,18 billones de pesos para el Valle del Cauca en 2025. Eso significa una reducción de 484 mil millones de pesos frente a los 4,67 billones destinados para el año pasado. Sin embargo, el gobierno Petro destinó 3 billones de pesos del Presupuesto del Sistema General de Participaciones (SGP) para el Valle, que financian salud, agua potable, educación, cultura, deporte y otros rubros. En 2024, fueron 2,6 billones de pesos. 

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda designó al Valle 127 mil millones de pesos como parte de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), que financia proyectos de desarrollo regional. Para 2026, la proyección es de 128 mil. Es una destinación mayor a la de Bogotá, que cuenta con 76 mil millones; pero menor a otros departamentos como Antioquia y Bolívar, que cuentan con 415 mil y 312 mil millones, respectivamente. 

Sin embargo, el PGN del gobierno Petro ha tenido problemas. A inicios de este año, el gobierno recortó 12 billones de pesos del presupuesto desfinanciado, luego de que se cayera la reforma tributaria en el Congreso. Esto redujo unos 600 mil millones de pesos para el Valle. Además, afectó la ruta Mulaló-Loboguerrero, de 31,8 kilómetros, a la cual le congelaron 339 mil millones. 

Para 2025, el presupuesto destinado al sector Defensa y Seguridad fue de 60 billones. La destinación para el Valle del Cauca para defensa y policía, fue de $16.487 millones de pesos. Este jueves 16 de octubre, el Congreso aprobó el PGN para 2026, que quedó en 546.9 billones de pesos: 65.7 billones para seguridad. 

Por su parte, la Gobernación destinó un presupuesto de 3,2 billones de pesos para 2025. De esos, xx destinados a seguridad. Además, en septiembre, la Asamblea le adicionó 66 mil millones. De esos, 206 millones se destinaron para la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Fue una de las adiciones más bajas, comparadas con las hechas a otras carteras como Asuntos Étnicos (1.097 millones) y Turismo (1,3 mil millones). 

“A nosotros en el Valle nos ha tocado duro, porque el gobierno nacional no nos ha dado lo que nosotros nos merecemos”, aseguró la gobernadora en abril pasado, meses después de que el gobierno recortara los 12 billones del PGN. A su vez, ha afirmado en varias ocasiones estar “sola” y con poca ayuda desde la Nación. Esto, sumado al panorama de violencia en el departamento, ha agitado el debate público.

Miembros del Pacto Histórico y voces críticas de la gobernadora han delegado mayor parte de la responsabilidad al gobierno departamental. Del otro lado, defensores y políticos cercanos a la mandataria han destacado su gestión y han responsabilizado al gobierno Petro, particularmente al fracaso de la política de la Paz Total y el “abandono” al Valle. 

Por ejemplo, el representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, protagonizó una  reciente pelea con la gobernadora. Toro declinó asistir al Congreso para responder por la seguridad, luego de que Sánchez la citara. La mandataria aseguró que se trató de “violencia política”. Entre tanto, Sánchez la ha culpado por la crisis de seguridad, particularmente en Buenaventura. 

Otros diputados, como Esteban Oliveros (Verde) y Johny Acosta (Pacto Histórico), han asegurado que la política de seguridad de la gobernadora ha fracasado. “Es una vergüenza que cada vez que hay un problema, la gobernadora señala al gobierno nacional. En 12 años liderando el Valle, su política de seguridad ha fracasado”, señaló en un debate de control político el diputado Oliveros. Además, señalan que la tasa de seguridad —pagada por establecimientos comerciales y estratos 4, 5 y 6— se ha destinado a la “burocracia”. 

“Aquellos que critican la tasa de seguridad no comprenden realmente el contexto y la dura realidad que vivimos las regiones ante el estruendoso fracaso de la Paz Total y la reducción de recursos para luchar contra la delincuencia por parte del Gobierno nacional”, respondió la gobernadora Toro en su columna de opinión. Esa línea la defiende su secretario de Seguridad, Guillermo Londoño, así como aliados de la Gobernación. 

“Es un hecho histórico, y digno de reconocer, que la Secretaría de Seguridad del Valle del Cauca y la de Cali estén trabajando de articuladamente para proteger nuestro territorio”, aseguró en su cuenta de X la diputada Lina Moyano, de La U. Por eso, pide mayor apoyo del gobierno Petro. A su voz se suman la de los diputados Hugo Perlaza (La U) y Mariluz Zuluaga (Cambio Radical). 

Entre tanto, la Gobernación de Toro y el MinDefensa han llegado a acuerdos conjuntos de seguridad, como la operación conjunta junto al Cauca para combatir a la Jaime Martínez en la zona de Suárez, Timba y Jamundí. También la futura instalación del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, ‘Coraza’, que contará con una inversión de 7.500 millones de pesos. Sin embargo, las tensiones políticas continúan, mientras la inseguridad siguen como paisaje en el Valle.

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