La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió al presidente Gustavo Petro dar luz verde a la financiación del Tren de Cercanías del Valle, un proyecto que consideran clave para el crecimiento económico y la movilidad regional. La entidad recalcó que el plazo para firmar el convenio vence el 8 de noviembre.
Según la CCI, este tren representa mucho más que una obra de transporte: es una apuesta por reactivar la industria férrea en Colombia, generar más de 14.000 empleos y consolidar un eje de conectividad sostenible en el suroccidente. “El Valle no puede perder el impulso ni la confianza alcanzada”, señaló la institución.
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Avances técnicos y compromiso regional
El Tren de Cercanías cuenta con estudios de factibilidad finalizados, un esquema financiero definido y respaldo de la cooperación internacional. El primer tramo, entre Cali y Jamundí, contempla 21 estaciones, 11 de ellas integradas al sistema MÍO, con un corredor principal sobre la Calle 25. Su implementación reducirá los tiempos de desplazamiento en un 33% y disminuirá 1,2 millones de toneladas de CO₂.
El proyecto está diseñado bajo un modelo de cofinanciación: la Nación asumiría el 70% de los recursos, equivalentes a 8,4 billones de pesos, mientras que la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y el municipio de Jamundí aportarían el 30% restante. La CCI enfatizó que el trámite solo requiere el aval técnico del Ministerio de Transporte para avanzar hacia la aprobación fiscal.
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Infraestructura con visión de región
La CCI recalcó que el Tren de Cercanías no es un proyecto aislado, sino parte de una estrategia integral de conectividad. Aquí se incluye obras como el dragado del puerto de Buenaventura, la vía Mulaló–Loboguerrero y la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Estas iniciativas, juntas, consolidarían la columna vertebral de la movilidad y la competitividad del Pacífico colombiano.
“Este es el momento de actuar con coherencia y cumplirle al Valle del Cauca, una región que ha sido motor económico y logístico del país”, puntualizó la entidad. Si el aval no se otorga a tiempo, el trámite tendría que retomarse dentro de dos años, bajo un nuevo gobierno.
