Una nueva modalidad de lavado de activos tiene en alerta a las autoridades del Valle del Cauca. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, las bandas están utilizando el intercambio de drogas por licor y cigarrillos de contrabando como mecanismo para mover dinero ilegal sin pasar por el sistema financiero.
La mandataria hizo el anuncio durante el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la Cámara de Comercio de Bogotá. En este espacio, advirtió que esta práctica ya está afectando las finanzas del departamento.
Recientemente, las autoridades incautaron $680 millones en cigarrillos de contrabando, provenientes de intercambios ilegales entre el Cauca y Santa Marta. Además, muchas estaciones de gasolina que facilitaban este tipo de operaciones ya fueron cerradas tras denuncias oficiales.
Según la Gobernadora, el impacto va más allá del delito económico. El contrabando estaría debilitando los ingresos que sostienen programas sociales, en especial los del régimen subsidiado de salud. Solo por la venta de cigarrillos, los recursos se redujeron en un 39%.
También advirtió que algunos grupos criminales han usado estaciones de gasolina para camuflar operaciones de lavado, aunque varias ya fueron cerradas tras ser denunciadas.
Valle del Cauca, ejemplo nacional en control
Durante el evento, reconocieron al Valle del Cauca como referente nacional en la lucha contra el lavado de activos. El departamento fortaleció el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que permite revisar antecedentes de contratistas en más de 400 listas internacionales.
“Desde que iniciamos el gobierno nos propusimos blindar la administración departamental frente a la infiltración de dineros ilícitos”, afirmó la gobernadora.
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Funcionarios nacionales destacaron el modelo del Valle como ejemplo replicable en otras regiones del país por su efectividad y prevención.
Por otra parte, insistió en que este trabajo conjunto con organismos internacionales busca proteger los recursos públicos y garantizar que el dinero que ingrese al departamento sea limpio y transparente.
