Las autoridades del Valle del Cauca investigan las denuncias sobre presuntas presiones ejercidas por disidencias del Frente 57 de las FARC contra comunidades campesinas en Tuluá, Andalucía y Bugalagrande. Según los reportes, los grupos armados estarían obligando a los pobladores a participar en manifestaciones contra comunidades indígenas del Cauca, beneficiadas con predios entregados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En audios revelados recientemente, se escuchan supuestas amenazas dirigidas a quienes se rehúsen a unirse a las movilizaciones. La situación ha generado una alerta temprana en la región, mientras las autoridades buscan establecer la veracidad de los hechos y evitar que las tensiones escalen hacia un nuevo conflicto social.
Autoridades actúan mientras avanza la investigación
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que tanto la Policía como el Ejército ya se encuentran en las zonas señaladas para verificar la situación. “Se está trabajando con la fuerza pública; ingresaron hasta la zona alta del municipio de Tuluá. Hasta ahora no se ha confirmado presencia de disidencias, pero todo está en investigación, incluso los audios que hemos recibido”, indicó la mandataria.
El despliegue de las autoridades busca no solo garantizar la seguridad de los campesinos, sino también frenar posibles alteraciones del orden público. Funcionarios locales acompañan a las comunidades para escuchar sus denuncias y brindar apoyo institucional mientras se adelanta la verificación de los presuntos responsables de las intimidaciones.
Conflicto por tierras agita tensiones sociales en la región
El origen de la disputa radica en la entrega de predios a comunidades indígenas y afrodescendientes del Cauca por parte de la ANT, lo que generó inconformidad entre los campesinos vallecaucanos que también reclaman tierras. Según la gobernadora, en el departamento existen 86 organizaciones afrodescendientes y 19 cabildos indígenas del Valle que aún esperan adjudicación de terrenos.
“Tenemos comunidades indígenas alojadas en coliseos de municipios como El Dovio y Bolívar esperando tierras, mientras se trasladan beneficiarios de otras regiones. Esto ha provocado malestar y un conflicto social que puede escalar si no se maneja adecuadamente”, advirtió Toro. La mandataria pidió a la Agencia Nacional de Tierras asumir su responsabilidad y liderar una mesa de diálogo urgente que evite una crisis mayor.
